El Gobierno postergó al 15 de septiembre la apertura de ofertas por AySA. El programa ya cerró ventas y concesiones, mientras otros procesos siguen demorados o quedaron desiertos.
El programa de privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei acumula operaciones por USD 1.081 millones, entre ventas de activos y concesiones. La apertura de ofertas por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), prevista inicialmente para el 27 de agosto, fue trasladada al 15 de septiembre a pedido de empresas internacionales interesadas.
El Estado busca transferir el 90% de AySA, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores. El esquema contempla la entrega de al menos el 51% a un operador estratégico con experiencia en agua y saneamiento, y la eventual colocación del resto en mercados de capitales. El contrato tendría una duración de 30 años, con una extensión posible de 10, e incluiría inversiones por USD 1.940 millones durante los primeros cinco años y USD 15.040 millones a lo largo de la concesión.
El Gobierno calcula que podría obtener unos USD 500 millones, aunque el pliego no establece un precio mínimo. Entre los grupos vinculados al proceso aparecen Grupo Roggio, Mauricio Filiberti, Sabesp y Águas do Rio. También fue mencionada Aguas Andinas, aunque no presentaría una propuesta.
La primera operación fue la venta de IMPSA a ARC Energy, en enero de 2025, por USD 27 millones. Luego se adjudicaron las centrales hidroeléctricas Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados por USD 700 millones. En abril de 2026, Genneia y Edison Energía adquirieron Citelec, controlante de Transener, por USD 356 millones.
El proceso también incluyó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por 25 años, con una posible extensión de cinco. Además, fueron adjudicados ocho tramos de rutas nacionales por 20 años, que se suman a etapas anteriores hasta superar los 9.000 kilómetros concesionados.
Entre los procesos sin resultado quedó la licitación de Intercargo, declarada desierta luego de tres postergaciones por falta de ofertas válidas. El precio base había sido fijado en USD 45,1 millones. Tras ese desenlace, el Gobierno habilitó a empresas privadas a prestar servicios de rampa en los aeropuertos del país y retiró a Intercargo de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. El expediente de Belgrano Cargas, en tanto, continúa con demoras y avanzó recientemente con la publicación de los pliegos para su concesión.
