Luis Lucero, Secretario de Minería de la Nación, tiene una posición clara: las leyes de desarrollo local son inconstitucionales y planteó la necesidad de un consenso federal
El debate sobre el “compre y empleo local” en la minería argentina dejó de ser una discusión de gabinete. En las últimas semanas pasó de la teoría constitucional a la práctica concreta, con una mina paralizada en la Patagonia y una nueva ley que endurece las exigencias en San Juan. En el medio, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, redobló la apuesta: calificó a los esquemas provinciales de empleo local como inconstitucionales por contradecir el libre tránsito, la igualdad ante la ley y la regulación del comercio federal que establece la Constitución Nacional.
Para el funcionario, los cupos rígidos no solo son un problema jurídico. A su juicio, fragmentan el mercado laboral de una manera incompatible con un país federal, y espantan a los inversores que buscan previsibilidad y acceso al mejor talento sin restricciones geográficas. Su alternativa pasa por la capacitación técnica y la inversión en infraestructura educativa, no por la imposición de porcentajes por decreto.
Ningún ejemplo ilustra mejor el riesgo que describe Lucero que lo ocurrido en Río Negro. La provincia exige, por la Ley 5.804, que como mínimo el 80% del personal contratado por una empresa minera acredite domicilio legal y real en la provincia, además de dos años de residencia continuada. El 19 de agosto, la Secretaría de Trabajo provincial dispuso la paralización parcial del proyecto Calcatreu, operado por Patagonia Gold, tras detectar que la empresa no llegaba al porcentaje exigido de mano de obra rionegrina.
Río Negro suspendió algunas tareas en Calcatreu hasta que la minera cumpliera con los compromisos de empleo local.
La funcionaria a cargo de la medida, María Martha Avilez, fue clara sobre el criterio: sostuvo que la provincia apoya a Calcatreu y a la minería, pero remarcó que el 80/20 es un piso que no se agota en el porcentaje si no se cumplen además los compromisos de capacitación y generación de oportunidades reales para la comunidad de Jacobacci. Según los últimos relevamientos oficiales, la compañía rondaba un 71% de cumplimiento, con observaciones adicionales en materia de higiene y seguridad.
El sector empresario pidió mesura. La Cámara de Minería de Río Negro (CAMIR) reclamó agotar las instancias de diálogo antes de afectar la continuidad del proyecto, mientras la provincia avanza con una contrapropuesta que incluiría la incorporación de decenas de trabajadores locales y un programa de capacitación práctica para acelerar el cumplimiento de la norma.
Lejos de aflojar, San Juan eligió profundizar el modelo. La Legislatura provincial sancionó la Ley de Desarrollo Local Minero, que fija metas del 80% de personal sanjuanino en las plantas de operarios y del 60% de compras a empresas radicadas en la provincia, muy por encima del piso nacional. Para dimensionar la diferencia: mientras el marco nacional del RIGI establece un mínimo del 20% de compras internas, el esquema sanjuanino lo cuadruplica en compras y exige cuatro veces más en materia de empleo.
La norma no es completamente rígida: contempla excepciones cuando no existe oferta local competitiva, siempre que la empresa lo justifique técnicamente, y crea un registro de proveedores para monitorear el cumplimiento. Aun así, la lógica de fondo es la misma que en Río Negro: fijar un piso obligatorio y fiscalizarlo.
Raúl Jalil, Catamarca; Alfredo Cornejo, Mendoza y Marcelo Orrego, San Juan.
No todas las provincias mineras eligieron el mismo camino. Mendoza es el ejemplo más claro de un esquema sin cupos: en el proyecto PSJ, el más avanzado del distrito minero occidental de Malargüe, no existe un porcentaje obligatorio de contratación para trabajadores ni prestadores de servicios locales. La discusión pública gira, más bien, en torno a cuántos empleos genuinos terminará generando el proyecto sin esa garantía normativa —una incertidumbre que sus críticos usan como argumento en contra, y que el gobierno provincial defiende como una condición para atraer inversión sin fricciones regulatorias.
Salta se ubica en un punto intermedio: tiene su propia exigencia de empleo local —un mínimo del 80% de mano de obra local en las plantillas directas e indirectas de las empresas radicadas en la provincia—, pero la combinó con una fuerte adhesión al RIGI provincial y con herramientas de gestión antes que de sanción, como una plataforma pública de empleo minero que conecta oferta y demanda de trabajo. Hasta ahora, ese enfoque no derivó en conflictos de la escala del de Calcatreu.
El contraste entre los cuatro casos resume la tensión que Lucero busca instalar en la agenda nacional: de un lado, provincias que priorizan blindar el empleo y las compras locales aun a riesgo de fricciones con las empresas y, eventualmente, con la Nación; del otro, jurisdicciones que apuestan a que la previsibilidad regulatoria y los incentivos alcancen para generar empleo genuino sin necesidad de imponerlo por ley.
El secretario de Minería plantea la necesidad de un consenso federal para destrabar el punto, pero la resistencia provincial —expresada tanto en Río Negro como en San Juan— muestra que ese acuerdo está lejos de ser sencillo. Mientras tanto, el caso Calcatreu funciona como advertencia para las empresas que subestiman el peso real de estas normas, y como argumento a favor de quienes, en Salta y Mendoza, prefieren evitar ese mismo riesgo.
Con información de Forbes.
Narración generada con inteligencia artificial.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, dijo que los esquemas provinciales de “compre y empleo local” con cupos rígidos son inconstitucionales por contradecir el libre tránsito, la igualdad ante la ley y la regulación del comercio federal. El debate pasó a casos concretos: en Río Negro, la Ley 5.804 derivó en una paralización parcial del proyecto Calcatreu por incumplimiento del 80% de mano de obra local. San Juan sancionó una ley con metas de 80% de empleo local y 60% de compras a radicadas. Mendoza no fija cupos en el proyecto PSJ, y Salta combina un mínimo del 80% con herramientas de gestión y una plataforma de empleo.
La discusión sobre empleo y compras locales en minería define cómo se regulan las contrataciones y el acceso de empresas a proyectos, y puede impactar en la continuidad operativa, la planificación de costos y la atracción de inversiones en distintas jurisdicciones.
Resumen generado con asistencia de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
