El Gobierno envió al Parlamento un proyecto que amplía las sanciones por explotar recursos naturales sin autorización en Malvinas
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las sanciones previstas para quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina.
El proyecto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros de Defensa, Carlos Presti, y Economía, Luis Caputo.
La iniciativa deberá ahora iniciar su tratamiento parlamentario y obtener la aprobación de ambas cámaras para convertirse en ley.
Uno de los principales cambios propuestos es la ampliación del alcance de la legislación vigente.
La Ley 26.659, sancionada en 2011, establece restricciones para actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en el área en disputa.
El nuevo proyecto propone reemplazar ese esquema por un régimen que alcance a toda actividad no autorizada vinculada con el aprovechamiento de recursos naturales, sean renovables o no renovables.
De esta manera, el Gobierno busca extender las herramientas de sanción más allá de la explotación de petróleo y gas.
El proyecto contempla multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo para las actividades alcanzadas por el régimen.
En los casos vinculados con hidrocarburos, las sanciones serían mayores.
La exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización podría recibir penas de 12 a 20 años de prisión.
Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, el proyecto establece penas de entre 15 y 20 años, además de multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.
También contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.
El proyecto incorpora además a la cadena de proveedores.
Las personas o empresas que suministren bienes o servicios considerados esenciales para las actividades prohibidas podrían ser sancionadas cuando conozcan el destino de esos productos o prestaciones.
Para esas conductas se prevén penas de cinco a siete años de prisión.
Las sociedades involucradas podrían enfrentar, además, la revocación de habilitaciones, suspensión de actividades, imposibilidad de contratar con el Estado y, en determinados casos, su disolución o liquidación.
La iniciativa forma parte del paquete de medidas anunciado por Milei en el marco de la política de defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
El envío al Congreso se produce mientras avanza el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas al archipiélago, una actividad que el Gobierno argentino considera realizada sin autorización nacional.
Con el nuevo proyecto, el Ejecutivo busca establecer un marco legal que no se limite a la actividad hidrocarburífera, sino que abarque el conjunto de los recursos naturales cuya explotación Argentina considera alcanzada por su legislación.
El texto no está vigente. Su recorrido recién comienza en el Congreso y deberá ser aprobado por Diputados y el Senado para convertirse en ley.
El debate parlamentario definirá el alcance final del régimen, las sanciones aplicables y las responsabilidades que podrían alcanzar a operadores, empresas y proveedores vinculados con actividades de explotación de recursos naturales en las áreas contempladas por la iniciativa.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, para endurecer sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sus espacios marítimos y la Plataforma Continental Argentina. El texto, firmado por Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti y Luis Caputo, amplía la Ley 26.659 de 2011 más allá de hidrocarburos. Incluye multas, inhabilitaciones y penas de prisión, además de responsabilidades para proveedores y posibles sanciones societarias.
El proyecto define un marco legal más amplio y con sanciones más severas para actividades no autorizadas en el área que Argentina considera bajo su soberanía y jurisdicción, incluyendo a operadores y eslabones de proveedores.
Resumen generado con asistencia de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
