18 de ago de 2026
La minería ha sido, desde los inicios de la civilización, una actividad esencial para la supervivencia y el desarrollo humano, impregnando la vida cotidiana a través de la construcción, el transporte y las comunicaciones. En la actualidad, Argentina posiciona a esta industria como una fuente de ingresos significativa, especialmente con el auge del litio en la región de la Puna, recurso crítico para la transición hacia energías limpias.
Sin embargo, el desarrollo de estos proyectos no está exento de controversias, ya que los yacimientos suelen ubicarse en territorios habitados por comunidades originarias y en zonas de extrema escasez hídrica.
Esta tensión ha derivado en que, entre 2002 y 2018, más del 50% de los proyectos mineros presentados fueran suspendidos o cancelados debido a la oposición social[1]. El problema central de esta investigación radica en comprender cómo esta conflictividad, manifestada a través de disputas territoriales y ambientales, afecta directamente el valor económico y la cotización bursátil de las empresas en mercados internacionales.
La conflictividad social es la lucha por valores y reclamos de estatutos, poder y recursos escasos en lo que los objetivos de los oponentes son neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales[2] . En el sector minero, estos conflictos suelen atravesar tres fases críticas: latente (tensiones subyacentes por el uso del agua o desconfianza), manifiesta (protestas y reclamos legales) y abierta (bloqueos de caminos y enfrentamientos públicos).
Las causas son multifactoriales, destacando la competencia por recursos escasos como el agua, los impactos ambientales negativos y la falta de consulta previa. En Argentina, el Observatorio de Conflictos Mineros en el año 2024 (OCMAL) registro 28 conflictos activos.
Un caso emblemático es el de las 33 comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, quienes desde 2010 mantenían un choque de intereses contra la empresa Orocobre (South American Salars) por exploraciones inconsultas que amenazan sus cuencas acuíferas.
Esta dinámica de confrontación no solo genera una parálisis operativa, sino que afecta la percepción de riesgo de los inversores, quienes ven en la falta de ‘licencia social para operar’ una barrera para la viabilidad del capital.
El reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas ha evolucionado significativamente en Argentina, especialmente tras la reforma constitucional de 1994. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras ancestrales y la personería jurídica de las comunidades.
Asimismo, el Convenio 169 de la OIT establece el derecho fundamental al Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), que obliga al Estado y a las empresas a consultar a las comunidades antes de iniciar proyectos que afecten sus territorios.
En la provincia de Jujuy, donde existen en el año 2023, 274 comunidades aborígenes con personería jurídica, la relación con el territorio es espiritual y se basa en el concepto del ‘buen vivir’ (Sumaj Kawsay)[3], que prioriza el equilibrio ecológico sobre el crecimiento económico individualista.
Ante la presión extractiva, estas comunidades han creado instrumentos propios de gobernanza, como el documento ‘Kachi Yupi’ (Huellas de Sal), que establece protocolos de consulta específicos para la cuenca de Salinas Grandes.
La violación de estos marcos legales conduce inevitablemente a la judicialización de los proyectos, elevando los costos legales y generando una incertidumbre que el mercado financiero penaliza de forma inmediata.
El valor de una empresa minera no depende solo de sus reservas geológicas, sino de su capacidad para gestionar riesgos externos.
Estudios empíricos, como el de Chong & Haslam (2021), que analizó 640 minas en Latinoamérica, demuestran una relación inversa estadísticamente significativa entre el conflicto y la tenencia accionaria. Los hallazgos indican que la sola presencia de un conflicto social se asocia con una reducción del 14% en la propiedad de acciones del dueño principal. Además, cada día adicional de duración del conflicto está vinculado con una reducción del 8% en la propiedad de la empresa.
El caso de la empresa Orocobre ofrece un contraste revelador: mientras que en el proyecto Olaroz Chico se logró la aceptación social mediante acuerdos de servidumbre y programas de valor compartido, el proyecto Cangrejillos enfrentó un rechazo total que derivó en denuncias ante la ONU.
Aunque el precio del litio es el factor más determinante en la cotización de las acciones (variable alcista desde 2005), la conflictividad actúa como un limitador del potencial de crecimiento. En contextos de alta incertidumbre social, los inversores tienden a adoptar estrategias de ‘diversificación’ o retiro de capital para protegerse de la volatilidad.
La conflictividad social es un indicador financiero crítico que impacta negativamente en la valoración de las empresas mineras en Argentina.
La parálisis de proyectos debido a la oposición comunitaria no solo erosiona la rentabilidad actual, sino que daña la reputación corporativa a largo plazo. Para mitigar estos riesgos, es imperativo que las compañías transiten de una Responsabilidad Social Empresarial (RSE) meramente cosmética hacia una gestión proactiva del riesgo social.
El Reporte de Alerta Temprana de Conflictos Socioambientales (RATCS), es una herramienta preventiva usada por Perú, el cual permite identificar y tratar tensiones en etapas latentes antes de su escalamiento. Asimismo, el cumplimiento estricto del CPLI y la integración de las comunidades en el monitoreo ambiental participativo son condiciones sine qua non para asegurar la paz social.
En definitiva, la sostenibilidad del sector minero argentino depende de un equilibrio genuino entre la
explotación de recursos estratégicos y el respeto irrestricto a los derechos territoriales y culturales
de los pueblos originarios.
[1] De la Barrera 2021.
[2] Lewis Coser (1956, p. 8).
[3] Expresión de la Lengua Quechua.
La autora María Del Huerto García Plaza es Abogada, MBA, Master in Prevention, Management and Transformation of Socio- Environmental Conflicts, Diplomatura en Sostenibilidad para empresas. Esp. Geociencia y Tecnología de litio.
