La empresa informó que no participa ni prevé hacerlo en procesos para prestar servicios hidrocarburíferos en las islas y sus áreas marítimas, tras las medidas anunciadas por el Gobierno argentino.
La empresa de servicios petroleros SLB confirmó que no participará del desarrollo Sea Lion y vinculó la decisión con las exigencias del Decreto 868/26.
La empresa de servicios petroleros confirmó que no participará en licitaciones vinculadas con hidrocarburos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes
El desarrollo offshore, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es operado por Navitas Petroleum y cuenta con Rockhopper Exploration como socio. Prevé una inversión inicial de USD 1.800 millones.
Las empresas a cargo del proyecto petrolero Sea Lion afirmaron que las medidas anunciadas por el Gobierno argentino no afectarían su cronograma ni las autorizaciones vigentes.
El desarrollo petrolero de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration podría aportar US$10.942 millones al PBI de las islas durante sus fases iniciales y generar ingresos para su administración.
El estudio encargado por Navitas Petroleum proyecta que Sea Lion aportaría casi 11 mil millones de dólares al PBI de Malvinas en tres décadas
Argentina refuerza desde 2011 con la Ley Pino Solanas un régimen que sanciona a empresas que operan en Malvinas sin autorización estatal, incluyendo inhabilitaciones de hasta 20 años, decomiso de activos y penas de prisión de hasta 15 años
El proyecto conectará Auca Mahuida con Allen, atravesará 146 kilómetros en Río Negro y elevará gradualmente la capacidad de transporte de crudo de Vaca Muerta.
Las estructuras offshore permitirán transferir petróleo desde el ducto submarino hacia grandes buques en la costa de Río Negro.
La provincia anunció una nueva convocatoria para adjudicar áreas dentro de la ventana gasífera de Vaca Muerta, aunque todavía no se informaron fechas ni bloques involucrados.
La compañía comprará el 95% de la sociedad que controla el bloque petrolero de la Faja del Orinoco y asumirá su operación por 25 años, sujeto a aprobaciones regulatorias.
