El equipo económico liberó liquidez, promovió un salario mínimo garantizado y limitó aumentos energéticos e impositivos para sostener el poder adquisitivo.
El Gobierno implementó en las últimas semanas un conjunto de medidas orientadas a recomponer los ingresos y estimular el consumo, en un contexto de mora bancaria elevada y pérdida de poder adquisitivo en varios sectores. Las decisiones abarcan el mercado financiero, las negociaciones salariales, la construcción, las tarifas y los impuestos a los combustibles.
En la última licitación de deuda pública, el Ministerio de Economía renovó el 95,96% de vencimientos por $12,67 billones. La operación dejó más de $500.000 millones en efectivo dentro del sistema, una inyección de liquidez que contribuyó a moderar las tasas de interés. La estrategia busca facilitar el acceso al crédito familiar y aliviar el impacto de la morosidad bancaria, que se aproximó al 13% en julio según un informe de 1816 basado en datos del Banco Central.
La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, impulsa que las futuras negociaciones salariales incorporen un ingreso mínimo garantizado superior al millón de pesos. Para agosto de 2026, la referencia oficial fue de $1.070.000, aunque el monto final deberá surgir de acuerdos entre sindicatos y empresas y luego ser homologado. El planteo fue dirigido especialmente a actividades como maestranza, construcción y sanidad.
Para reactivar el sector, se flexibilizaron los préstamos en dólares destinados a empresas. Los bancos podrán asignar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a compañías que no generan divisas y ya no será obligatorio presentar una garantía. Además, se prevé canalizar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses hacia los bancos para ampliar el financiamiento hipotecario, con un alcance estimado de entre 17.000 y 18.000 familias.
