Mendoza avanzará el próximo 30 de mayo con la instancia final de revisión del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada para pueblos indígenas, una herramienta clave que busca ordenar la participación de las comunidades originarias frente a proyectos vinculados principalmente a la actividad minera y al uso de recursos naturales.
La convocatoria fue realizada por la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente mediante la Resolución 294/26 y tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe. Allí se reunirán representantes de comunidades indígenas con asentamiento en la provincia para debatir y realizar observaciones finales sobre el documento que viene trabajándose desde mayo de 2025.
El proceso representa uno de los pasos institucionales más relevantes que encaró Mendoza en materia de derechos indígenas y desarrollo minero, en un contexto en el que la provincia intenta consolidar nuevos proyectos extractivos y, al mismo tiempo, reducir potenciales conflictos sociales y judiciales.

Un protocolo para ordenar la participación
Desde el Gobierno provincial explicaron que el protocolo fue construido a través de distintas mesas de diálogo, encuentros presenciales y virtuales, además de presentaciones escritas y exposiciones orales realizadas por las comunidades durante el último año.
La intención oficial es establecer un mecanismo claro sobre cómo debe realizarse la consulta a los pueblos indígenas ante decisiones estatales o emprendimientos que puedan afectar sus territorios, recursos o formas de vida, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y con estándares internacionales de derechos humanos.
Durante la jornada en Malargüe se presentará la versión actualizada del texto, incorporando modificaciones surgidas de los aportes realizados durante el proceso participativo. Además, un escribano público dejará constancia formal de todo lo actuado para garantizar trazabilidad institucional y seguridad jurídica.
La elección de Malargüe no fue casual. Según indicó la Provincia, respondió a pedidos realizados por comunidades del Sur mendocino y busca facilitar la participación territorial de grupos vinculados a actividades de veranada y trashumancia.
También fueron convocados como veedores el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Fiscalía de Estado y la Dirección de Derechos Humanos de Mendoza.
El espejo de otras provincias mineras
La discusión que hoy atraviesa Mendoza ya tuvo experiencias similares en otras provincias donde la minería y la presencia de comunidades indígenas conviven desde hace años.
En Jujuy, por ejemplo, la consulta previa tomó especial relevancia con el desarrollo del litio en la Puna. Allí varias comunidades reclamaron participación efectiva en proyectos extractivos vinculados a salares y recursos hídricos, mientras organismos internacionales observaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta y consentimiento.
En Salta también se implementaron procesos de diálogo con comunidades kollas y atacamas en torno al avance del litio y la minería metalífera. Sin embargo, distintos sectores cuestionaron en ocasiones los tiempos y alcances de las consultas, especialmente en proyectos considerados estratégicos para las exportaciones.

Otro antecedente aparece en Neuquén, donde las comunidades mapuches mantienen desde hace años negociaciones y conflictos vinculados a la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta. Allí el debate sobre consulta previa quedó atravesado por disputas territoriales y reclamos por participación directa en las decisiones.
En tanto, Catamarca avanzó en protocolos específicos vinculados a proyectos mineros de cobre y litio, buscando establecer pautas institucionales para evitar judicializaciones posteriores.
El desafío mendocino
Para Mendoza, el protocolo aparece como una pieza sensible dentro de la estrategia oficial de expansión minera. El Gobierno busca mostrar previsibilidad institucional y garantías de participación, en momentos en que proyectos metalíferos y de exploración vuelven a ganar centralidad en la agenda económica provincial.
El documento definitivo será publicado posteriormente en el Boletín Oficial y en el portal oficial de la Dirección de Minería. Además, el expediente completo quedará disponible para consulta pública con actas, documentos y antecedentes de todo el proceso.


