
Narración generada con inteligencia artificial.
La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Marta Avilez, explicó en una entrevista con Comunicaciones Mineras que la mina de oro Calcatreu (Patagonia Gold) reactivó su producción tras un acuerdo con el Gobierno provincial. Ahora, el foco será controlar compromisos en el territorio: la exigencia de 30 altas acreditadas mediante actas, un esquema de capacitación para otros 30 jóvenes de Ingeniero Jacobacci con asignación de $2 millones por participante, y el seguimiento de requisitos de asistencia y evaluación. También se supervisan condiciones de seguridad e higiene del campamento, comedor y accesos.
La nota describe cómo el acuerdo post-conflicto para Calcatreu se traduce en mecanismos verificables en el territorio: contratación local, capacitación con condiciones de participación y controles de seguridad, articulando Gobierno provincial, empresa, gremios e instituciones.
Resumen generado con asistencia de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
La discusión alrededor de la mina Calcatreu entró en una nueva etapa. La producción de la mina de oro de Patagonia Gold se reactivó después del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Río Negro, pero para la provincia el capítulo más importante comienza ahora: controlar que los compromisos asumidos se cumplan en el territorio.
Así lo explicó María Marta Avilez, secretaria de Trabajo de Río Negro, en una entrevista exclusiva con Comunicaciones Mineras, donde reconstruyó el proceso de negociación, detalló los mecanismos de control y puso el foco en los jóvenes de Ingeniero Jacobacci que tendrán una oportunidad concreta de incorporarse al sector minero.
“Nosotros, desde el inicio, fuimos muy firmes”, afirmó Avilez.
El conflicto entre Río Negro y Patagonia Gold se resolvió este miércoles en una nueva audiencia laboral.


Este miércoles hubo una nueva reunión entre la secretaría de Trabajo de Río Negro, Patagonia Gold y miembros de la comunidad.
La funcionaria explicó que la posición provincial no comenzó con el conflicto de Calcatreu, sino que forma parte de una política que Río Negro sostiene desde el inicio del desarrollo de los proyectos.

“Estamos a favor de la minería en Río Negro, de esta minería sustentable que ha cumplido con todos los pasos necesarios de impacto ambiental, con la construcción de la licencia social y con la aprobación de la Audiencia Pública”, señaló.
Pero inmediatamente marcó el límite que la provincia considera innegociable:
“Lo que no negociamos es que estos proyectos no contraten mano de obra rionegrina.”
Uno de los primeros puntos del acuerdo ya comenzó a ejecutarse.

La Secretaría de Trabajo exigió a Patagonia Gold acreditar las incorporaciones comprometidas y recibió la documentación correspondiente.
“Nosotros les pedimos treinta altas y la empresa tuvo que devolvernos las treinta actas correspondientes”, explicó Avilez.
El dato es relevante porque el compromiso no queda solamente asentado en una mesa de negociación: la provincia utiliza la registración laboral como una herramienta concreta para verificar que las incorporaciones efectivamente se produzcan.
La funcionaria anticipó además que el seguimiento continuará durante las próximas semanas.

El compromiso de la mina Patagonia Gold fue tomar a 30 jóvenes que serán capacitados y obtendrán un beca estímulo.
“En quince días nos volvemos a encontrar en Jacobacci, donde ya vamos a tener prediseñado el esquema de capacitación para otros treinta perfiles”, indicó.
La segunda parte del acuerdo tiene como protagonistas a jóvenes de Ingeniero Jacobacci.
La provincia trabajará junto con la empresa y las instituciones educativas para diseñar una capacitación vinculada con los perfiles que efectivamente necesita la operación minera.
“No podemos capacitar en electricidad si lo que se necesita son torneros, por ejemplo”, explicó Avilez.

La secretaria de Trabajo, María Marta Avilez y el secretario de Minería, Joaquín Aberestain Oro en una recorrida por la mina Calcatreu.
La definición de los contenidos quedará vinculada a la demanda concreta de la empresa, con el objetivo de que la formación tenga una salida laboral posible.
Pero además existe un incentivo económico que puede resultar determinante para jóvenes de la zona: cada participante recibirá una asignación de estímulo de $2 millones.
El objetivo es que la necesidad de obtener un ingreso inmediato no termine desplazando la posibilidad de capacitarse.
“Cuando la situación económica es difícil, muchas veces los jóvenes eligen una changa antes que capacitarse”, reconoció la secretaria.
Por eso, sostuvo que el aporte busca cubrir viáticos y otros gastos para que los participantes puedan sostener el proceso formativo.
“Creo que esta contribución de dos millones de pesos por participante viene a cubrir los viáticos y los gastos que necesitan para poder priorizar la capacitación por sobre la changa inmediata”, explicó.
El programa no será informal ni meramente asistencial. Los participantes deberán cumplir con un 90% de asistencia y aprobar un examen.
“Va a haber rigurosidad”, remarcó Avilez.
El programa apunta especialmente al empleo joven.
Uno de los problemas más frecuentes para quienes buscan su primer trabajo es la falta de experiencia. En este caso, la capacitación pretende funcionar como un puente entre la formación y la incorporación efectiva al mundo laboral.
“Estamos apuntando fuerte al empleo joven, porque una de las mayores dificultades que tienen es la falta de experiencia”, señaló Avilez.
El Gobierno provincial también participará del seguimiento junto con las instituciones educativas, públicas o privadas, donde se desarrollen los programas.
De esta manera, el caso Calcatreu pone sobre la mesa una cuestión que atraviesa a buena parte de la minería argentina: cómo lograr que la llegada de inversiones genere oportunidades concretas para las comunidades cercanas a los proyectos.

Paragonia Gold deberá garantizar un 80% de contratación de mano de obra local.
La contratación de trabajadores rionegrinos fue uno de los puntos centrales de la discusión.
Avilez recordó que la provincia ya reclamaba empleo local antes incluso de la sanción de la normativa que establece el esquema del 80-20.
“Antes de tener la ley del 80-20, ya peticionábamos que todos los puestos de trabajo, desde el inicio de un proyecto hasta su finalización, fueran ocupados por rionegrinos”, explicó.
En el caso de Calcatreu, la provincia constató que la empresa se encontraba en torno al 71% o 72% de contratación de mano de obra rionegrina, por debajo del objetivo establecido.
Para el Gobierno provincial, ese porcentaje no es un dato secundario: forma parte de las condiciones bajo las cuales pretende que avance el desarrollo minero.
Otro de los elementos que Avilez destacó es el funcionamiento de una mesa permanente de trabajo.
Allí confluyen el municipio, AOMA —el gremio principal de la actividad—, el sindicato de la construcción y la comunidad mapuche Peñi Mapu, además del Gobierno provincial y la empresa.
“Acá tenemos mesas permanentes de trabajo, con muchos actores confluyendo”, explicó.
La participación de la comunidad también fue central para la construcción de la licencia social del proyecto.
Avilez marcó que la comunidad mapuche Peñi Mapu participó de las mesas y reclamó que los compromisos asumidos fueran efectivamente respetados.
El esquema plantea así una forma de gobernanza que excede la relación bilateral entre Estado y empresa: las condiciones del proyecto son discutidas y monitoreadas con distintos actores del territorio.
El empleo local no fue el único motivo de intervención de la Secretaría de Trabajo.
Durante los controles también se detectaron situaciones vinculadas con las condiciones del campamento, el comedor, la seguridad vial en el acceso al proyecto, la señalización y la iluminación.
“Para nosotros, eso constituía una situación de riesgo grave o inminente para la salud de los trabajadores”, sostuvo Avilez.
La funcionaria vinculó esta decisión con una política provincial más amplia de prevención.
“Nosotros sabemos que hay provincias con antecedentes fatales y no vamos a ir hacia ese lado. Vamos a cuidar a la gente desde el inicio”, afirmó.
Para Avilez, exigir empleo local, capacitación y condiciones laborales adecuadas no significa poner un freno al desarrollo minero.
Por el contrario, sostiene que puede fortalecer los propios proyectos.
“Yo quiero que el sector privado esté sentado en mi mesa, junto con los gremios y el Gobierno provincial, para formalizar este tipo de acuerdos”, señaló.
Y agregó:
“Si tenés personal capacitado, si tenés una comunidad conforme, si tenés a tus trabajadores bien en materia de higiene, seguridad y salario, vas a producir el triple.”
La mirada de la provincia es que la licencia social, el empleo local y la seguridad laboral no deben aparecer como obstáculos posteriores a la inversión, sino como parte de las condiciones necesarias para que un proyecto pueda desarrollarse de manera sostenible.
Calcatreu vuelve a producir, pero el acuerdo abrió una nueva etapa.
Ahora habrá que verificar que las 30 incorporaciones se sostengan, que los otros 30 jóvenes puedan completar la capacitación, que se cumplan los requisitos de asistencia y evaluación y que las condiciones de seguridad continúen bajo seguimiento.
Para los jóvenes de Ingeniero Jacobacci, el acuerdo representa además una oportunidad concreta: capacitación vinculada con la demanda real de una mina de oro en producción y una asignación de estímulo de $2 millones para poder sostener ese proceso.
Para Río Negro, el mensaje es más amplio.
La provincia sostiene que está a favor de la minería, pero también que el desarrollo debe dejar capacidades y empleo en el territorio.
Y el caso Calcatreu muestra cómo esa discusión puede pasar de las declaraciones a mecanismos concretos: actas de alta, porcentajes de contratación, capacitación, becas, exámenes, mesas de trabajo y controles de seguridad y el verdadero desarrollo de las comunidades con recursos que el mundo está demandando y en un momento en el que el boom del oro puede traducirse en las oportunidades que por primera vez tiene la gente de la Línea Sur en Río Negro.