La Legislatura provincial sancionó una nueva normativa que reemplaza el régimen vigente desde 2006. La reforma introduce incentivos para reactivar yacimientos maduros, incorpora reglas específicas para la explotación no convencional y refuerza las obligaciones ambientales. El desafío será transformar las nuevas condiciones legales en inversiones, empleo y mayor actividad económica
Mendoza dio un paso importante en la actualización de su política energética. El Senado provincial aprobó con 31 votos afirmativos y dos negativos, la nueva Ley de Hidrocarburos impulsada por el Poder Ejecutivo. La reforma sustituye un marco regulatorio de veinte años de antigüedad y busca mejorar la competitividad de la provincia en un sector que requiere inversiones intensivas, previsibilidad jurídica y herramientas adaptadas a las características de cada yacimiento.
La sanción representa un cambio en la estrategia provincial para administrar sus recursos petroleros. En lugar de aplicar condiciones relativamente uniformes a proyectos con realidades productivas diferentes, la nueva legislación incorpora mecanismos para distinguir entre los campos convencionales maduros, que necesitan inversiones para sostener o recuperar su producción, y los desarrollos no convencionales, cuyo potencial se concentra principalmente en la formación Vaca Muerta, en Malargüe.
El objetivo económico es concreto: generar condiciones para que las empresas vuelvan a invertir en áreas con producción declinante, incentivar la exploración y facilitar proyectos de mayor escala. Para Mendoza, esto supone una oportunidad de recuperar actividad en sus cuencas petroleras, ampliar la demanda de servicios especializados y fortalecer los ingresos provinciales a partir de una mayor producción.
La reforma también tiene una dimensión institucional. Al actualizar la legislación local frente a las modificaciones del marco nacional, especialmente las introducidas por la Ley Bases, Mendoza busca ofrecer reglas más previsibles para decisiones de inversión que suelen comprometer capital durante muchos años.
Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es la posibilidad de adecuar las regalías a las condiciones técnicas y económicas de cada proyecto.
La reforma establece un porcentaje de referencia del 15% para las licitaciones públicas, pero contempla mecanismos de diferenciación e incentivos para determinadas inversiones. Entre ellos aparecen beneficios para la recuperación de pozos inactivos, la explotación de crudos pesados y la aplicación de técnicas de recuperación terciaria, con posibilidades de reducir las regalías por debajo del 5% en los supuestos previstos.
La lógica económica es que un yacimiento con costos elevados, producción declinante y escasa rentabilidad no necesariamente puede afrontar las mismas condiciones que un proyecto de mayor productividad.
En determinadas circunstancias, una regalía más baja puede permitir que una operación continúe funcionando, que se recuperen pozos abandonados o que se incorporen nuevas tecnologías para extraer hidrocarburos que de otro modo quedarían sin producir.
La ventaja potencial para Mendoza no reside simplemente en cobrar un porcentaje menor, sino en ampliar la base productiva sobre la cual se calculan las regalías. Una explotación que vuelve a producir también puede generar empleo, contratación de servicios, compras a proveedores y recaudación tributaria.
Sin embargo, el resultado dependerá de que los incentivos se traduzcan efectivamente en inversiones adicionales. Una reducción de regalías que no genere mayor producción representaría, en cambio, una resignación de ingresos fiscales sin una compensación económica suficiente.
La incorporación expresa de las concesiones de explotación no convencional constituye otra de las principales novedades.
La legislación anterior, sancionada en 2006, no contemplaba adecuadamente esta modalidad de producción, que presenta diferencias sustanciales respecto de la explotación convencional.
El desarrollo de hidrocarburos no convencionales requiere perforaciones horizontales, estimulación hidráulica, infraestructura especializada y desembolsos de capital que deben sostenerse a lo largo del tiempo.
Con la nueva normativa, Mendoza establece un régimen provincial específico para estos proyectos y habilita mecanismos de reconversión de concesiones conforme a la legislación nacional.
La medida adquiere especial relevancia para Malargüe, donde se encuentra la extensión mendocina de Vaca Muerta. Aunque el desarrollo de esta formación en la provincia todavía enfrenta desafíos geológicos, económicos y de infraestructura, disponer de reglas específicas constituye una condición favorable para atraer exploración y evaluar futuros proyectos comerciales.
El cambio no garantiza por sí mismo un crecimiento de la producción no convencional. Su importancia radica en reducir incertidumbres regulatorias y ofrecer un marco jurídico para inversiones que necesitan horizontes de planificación prolongados.
La reforma también modifica los criterios para adjudicar permisos de exploración y concesiones de explotación.
El nuevo esquema establece que las licitaciones públicas deberán considerar el valor integral de cada proyecto, las regalías ofrecidas, la producción prevista y, especialmente, las inversiones comprometidas.
Este último factor tendrá una ponderación preponderante en la evaluación de las ofertas.
El cambio busca evitar que las adjudicaciones dependan principalmente de la oferta económica inmediata y favorecer propuestas con mayor capacidad de desarrollar los recursos.
Para las empresas, el nuevo criterio permite competir mediante programas de inversión y desarrollo productivo. Para la Provincia, representa una oportunidad de orientar las concesiones hacia compromisos concretos de actividad.
La efectividad del sistema dependerá de la calidad de los pliegos, la evaluación técnica de las ofertas y la capacidad estatal de controlar que las inversiones prometidas efectivamente se ejecuten.
La nueva normativa también incorpora disposiciones orientadas a promover la participación de trabajadores y proveedores locales.
Este aspecto resulta relevante porque el impacto económico de la industria petrolera no se limita a la extracción de crudo. La actividad demanda transporte, mantenimiento industrial, metalmecánica, ingeniería, servicios ambientales, equipamiento, construcción y personal técnico especializado.
La reactivación de campos maduros y el eventual crecimiento de proyectos no convencionales podrían ampliar las oportunidades comerciales para empresas mendocinas, particularmente en los departamentos con tradición hidrocarburífera.
No obstante, el crecimiento de la participación local dependerá de la competitividad de los proveedores, de la disponibilidad de personal capacitado y de los mecanismos que se establezcan para implementar las disposiciones de la ley.
La modernización legislativa no se limita a los incentivos económicos. También introduce mayores obligaciones ambientales para los titulares de permisos y concesiones.
Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, realizar monitoreos y responder por la recomposición o restauración del ambiente cuando corresponda. Además, deberán contemplar el cierre de pozos, instalaciones y ductos, así como el tratamiento de los pasivos ambientales.
Uno de los puntos relevantes es que la finalización o transferencia de una concesión no extingue las responsabilidades ambientales derivadas de la operación.
La ley también contempla la presentación, cada dos años, de una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público, con información sobre ambiente, seguridad, capacitación, proveedores y relaciones con la comunidad.
A esto se suma la creación de una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera destinada a financiar tareas de fiscalización.
El esquema busca fortalecer la capacidad de seguimiento del Estado sobre una industria que puede generar impactos ambientales incluso después del cierre de sus operaciones.
En términos económicos, reglas claras sobre responsabilidades ambientales también contribuyen a reducir incertidumbres y delimitar las obligaciones que deben contemplarse al evaluar una inversión.
La orientación de la reforma coincide con una política que el Gobierno mendocino viene desarrollando mediante modificaciones en los mecanismos de licitación y programas de incentivo a la producción.
En declaraciones publicadas oficialmente por el Gobierno provincial el 1 de julio de 2025, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, explicó el criterio que guiaba la actualización de los pliegos petroleros:
“Mendoza mantiene reglas claras, pero con la flexibilidad que requiere un entorno cambiante”.
El funcionario vinculó ese enfoque con la necesidad de mejorar la competitividad de las licitaciones y atraer nuevos operadores. También señaló que la modernización de los instrumentos legales y técnicos permitiría avanzar con nuevas rondas de adjudicación de áreas de exploración y explotación.
Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, había defendido la necesidad de compatibilizar los cambios del régimen hidrocarburífero nacional con las competencias de las provincias productoras.
Durante una reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), la funcionaria sostuvo:
“Todo esto debe suceder respetando el federalismo y respetando la soberanía y el dominio de las provincias sobre estos recursos”.
La posición adquiere relevancia en el contexto de la nueva ley mendocina, que reafirma el dominio provincial sobre los yacimientos y establece las competencias del Ejecutivo en materia de política hidrocarburífera.
Tras la sanción legislativa, Latorre también destacó la importancia de contar con reglas estables y del respaldo político alcanzado para ofrecer previsibilidad a los inversores, según las declaraciones recogidas en la cobertura de la sesión.
Estas declaraciones muestran una continuidad en la estrategia oficial: combinar incentivos económicos, estabilidad normativa y administración provincial de los recursos para posicionar a Mendoza como un destino competitivo para la inversión energética.
Mendoza cuenta con antecedentes de programas orientados a estimular inversiones en la actividad convencional.
El programa Mendoza Activa Hidrocarburos, implementado a partir de 2021, registró propuestas de inversión por $36.400 millones, según información publicada por el Gobierno provincial. De ese total, se habían puesto en marcha $17.000 millones mediante 70 proyectos que contemplaban intervenciones en 380 pozos.
Aunque esas cifras corresponden a otro período económico y no constituyen una proyección de los resultados de la nueva ley, muestran que los instrumentos de incentivo pueden movilizar inversiones en yacimientos existentes.
La reforma recientemente sancionada busca avanzar sobre esa experiencia mediante un esquema normativo de mayor alcance, que no dependa exclusivamente de programas temporales de estímulo.
Un aspecto especialmente relevante para Mendoza es la incorporación de mecanismos para compatibilizar proyectos hidrocarburíferos y derechos mineros.
La expansión de la exploración minera, particularmente en Malargüe, plantea la posibilidad de que distintos proyectos productivos coincidan geográficamente.
La nueva ley establece que esa superposición no implica automáticamente la pérdida de derechos para ninguna de las actividades. En cambio, dispone mecanismos de coordinación y contempla la intervención del Poder Ejecutivo cuando no resulte posible una coexistencia segura y técnicamente viable.
Esta disposición puede contribuir a reducir conflictos entre operadores y otorgar mayor previsibilidad a las inversiones en dos sectores estratégicos para la diversificación productiva provincial.
La sanción de la nueva Ley de Hidrocarburos representa una actualización significativa del marco regulatorio mendocino. Su principal fortaleza es reconocer que la industria petrolera necesita instrumentos diferentes para realidades productivas distintas.
La flexibilidad en las regalías puede mejorar la viabilidad de campos maduros. La incorporación de concesiones no convencionales permite establecer reglas específicas para Vaca Muerta. La mayor ponderación de las inversiones en las licitaciones busca priorizar proyectos productivos, mientras que las obligaciones ambientales y los mecanismos de fiscalización apuntan a fortalecer el control estatal.
Sin embargo, la aprobación legislativa es apenas una primera etapa. La efectividad de la reforma dependerá de su reglamentación, de la respuesta de las empresas, de la evolución de los precios internacionales, de los costos de producción y de la disponibilidad de infraestructura.
También será necesario evaluar periódicamente si los incentivos fiscales generan un aumento efectivo de inversiones, producción y empleo que justifique los beneficios otorgados.
La oportunidad para Mendoza consiste en transformar recursos hidrocarburíferos existentes en actividad económica sostenible. La nueva legislación proporciona herramientas para intentarlo, pero serán las inversiones concretadas, los pozos reactivados, los proyectos desarrollados y los resultados de la fiscalización los que permitan medir su verdadero impacto.
