La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró un acuerdo paritario por seis meses con las empresas que operan la minas Veladero y Gualcamayo La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) alcanzó un acuerdo salarial por seis meses con las empresas que operan las minas Veladero y Gualcamayo. El convenio, firmado en la sede central del gremio […]

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró un acuerdo paritario por seis meses con las empresas que operan la minas Veladero y Gualcamayo
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) alcanzó un acuerdo salarial por seis meses con las empresas que operan las minas Veladero y Gualcamayo. El convenio, firmado en la sede central del gremio en el barrio porteño de Caballito, establece un incremento del 14,48% para el período mayo-octubre de 2025.
En la rúbrica participaron el secretario general de AOMA, Héctor Laplace; el titular de la seccional San Juan, Iván Malla; y dirigentes sindicales locales, junto a representantes de las compañías. Por Veladero asistieron Marcelo Álvarez (director ejecutivo), Alberto Abecasis (gerente de Relaciones Laborales y RRHH) y Guido Matius (superintendente de RRHH). En representación de Gualcamayo firmaron Ricardo Martínez (director ejecutivo) y Fernando Moncho (gerente de RRHH).

Malla destacó que el aumento “permite sostener el poder adquisitivo frente a la inflación” y subrayó la importancia de que el acuerdo se haya firmado en Buenos Aires, donde además se debatió sobre el futuro de la minería en San Juan.
Durante el encuentro, las empresas presentaron sus planes de inversión.
Malla también se refirió a los proyectos de cobre en la provincia. Aunque reconoció que avanzan “a paso lento”, se mostró optimista: “El mundo necesita metales y tarde o temprano van a salir”.
Entre los próximos desarrollos, mencionó que la mina Casposo está próxima a reactivar operaciones y que Hualilán podría hacerlo antes de fin de año.
Finalmente, tanto AOMA San Juan como la conducción nacional remarcaron la necesidad de que haya definiciones claras en torno a la Ley de Glaciares y la Ley de Humedales, para garantizar la seguridad jurídica que permita destrabar inversiones en cobre y otros minerales estratégicos.



