Tras detectar graves irregularidades en seguridad, se puso el foco en el cuidado de los empleados y el desarrollo de proveedores
El conflicto entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont por el yacimiento aurífero Cerro Negro tuvo este lunes un primer gesto de acercamiento. El gobernador Claudio Vidal recibió en Río Gallegos a una delegación de directivos de la compañía y acordaron poner en marcha una agenda de trabajo conjunta centrada en seguridad laboral, cuidado ambiental, empleo genuino y participación de proveedores santacruceños.
El encuentro llega apenas dos días después de que se cerrara una inspección que dejó en evidencia un cuadro de situación mucho más tenso que el que refleja el comunicado oficial. Entre el 9 y el 12 de septiembre, equipos de la Secretaría de Estado de Trabajo provincial recorrieron sectores considerados críticos del yacimiento y dispusieron seis ceses de tareas por lo que el propio secretario Javier Aravena calificó como medidas gravísimas contra la seguridad de los trabajadores. Entre las irregularidades detectadas figuraron vehículos sin habilitación, deficiencias en el transporte de combustibles y sustancias peligrosas, fallas en los equipos de medición de gases y un presunto derrame de cianuro.
Se acordó una agenda de trabajo con autoridades de Newmont, después de una inspección con serias irregularidades.
El operativo, además, tuvo un capítulo de fricción directa: según la Provincia, los inspectores se encontraron con los accesos al predio cerrados con candados, lo que obligó a solicitar intervención policial y, finalmente, una orden judicial para poder ingresar y completar el control.
Desde el Gobierno provincial no descartaron avanzar hacia una clausura total de la operación, aunque aclararon que esa decisión dependerá de cómo evolucionen las próximas inspecciones.
En ese contexto se dio la reunión de este lunes. Según el comunicado oficial, ambas partes resolvieron convocar una mesa de trabajo con participación de los gremios con presencia en Cerro Negro, y mantendrán reuniones periódicas de seguimiento con foco en el empleo local, la aplicación de la Ley 90/10 —que exige un piso de contratación de mano de obra provincial— y la generación de oportunidades para trabajadores y empresas de Santa Cruz.
Por parte del Ejecutivo participaron el propio Vidal, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes. Por Newmont estuvieron el director general para las Américas, David Meador; el gerente general de Cerro Negro, Tito Cacho; el jefe regional de Asuntos Externos, Darío Zegarra; y la directora País, María Eugenia Sampalione.
La discusión no es solo administrativa. Sebastián Santillán, coordinador de las Delegaciones de Trabajo Zona Norte de Santa Cruz, había salido a responder los reclamos de la Cámara de Proveedores Mineros (CAPROMISA), que advirtió sobre el impacto que las medidas podrían tener sobre contratistas y trabajadores.
El funcionario sostuvo que la Provincia busca promover inversión y empleo, pero que esos objetivos no pueden ir en contra del cumplimiento de las normas de seguridad, y recordó que en abril de 2024 dos trabajadores murieron en ese mismo yacimiento, un antecedente que las autoridades provinciales volvieron a poner sobre la mesa para justificar la profundización de los controles.
Las organizaciones sindicales del sector, por su parte, respaldaron las inspecciones realizadas en Cerro Negro.
Inspección del Ministerio e Trabajo de Santa Cruz.
Con la inspección formalmente cerrada mas los controles todavía en marcha, el desafío inmediato pasa por verificar que Newmont implemente las correcciones exigidas en seguridad, higiene y documentación. La nueva mesa de diálogo anunciada esta semana buscará, en paralelo, bajar la tensión y encauzar institucionalmente un conflicto que —al menos por ahora— dejó en pausa la amenaza de una clausura total de una de las principales operaciones mineras de Santa Cruz.
Narración generada con inteligencia artificial.
El gobernador Claudio Vidal recibió en Río Gallegos a directivos de Newmont y acordaron una agenda de trabajo conjunta para abordar seguridad laboral, cuidado ambiental, empleo genuino y participación de proveedores santacruceños, con reuniones periódicas y mesa con participación gremial. El encuentro ocurre tras una inspección provincial entre el 9 y 12 de septiembre que derivó en seis ceses de tareas por presuntas irregularidades, incluyendo un presunto derrame de cianuro, y requirió intervención policial y orden judicial para ingresar al predio.
La reunión busca encauzar un conflicto abierto por controles de seguridad en Cerro Negro y definir un mecanismo de seguimiento con foco en empleo local y proveedores, en un contexto donde la Provincia evaluó medidas como la posible clausura total según inspecciones futuras.
Resumen generado con asistencia de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
