19 de ago de 2026
El régimen creado por la Ley Bases multiplicó el volumen de proyectos presentados y comenzó a incorporar inversiones de una escala muy superior a la registrada durante sus primeros meses. Energía y minería concentran prácticamente toda la cartera, aunque existe una diferencia sustancial entre los capitales anunciados, las inversiones aprobadas y los desembolsos que efectivamente ingresan a la economía.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) entró en su segundo año con un cambio de escala. La herramienta creada por la Ley Bases pasó de recibir los primeros proyectos por algunos cientos de millones de dólares a convertirse en la puerta de entrada para iniciativas energéticas y mineras que, individualmente, se cuentan en miles y hasta decenas de miles de millones.
El salto puede observarse en el volumen acumulado. Un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), publicado en junio, estimó en más de US$ 133.000 millones las inversiones correspondientes a proyectos presentados al régimen, considerando tanto los aprobados como aquellos todavía bajo evaluación.
La composición de esa cartera también muestra con claridad dónde está concentrado el interés inversor.
La energía representaba cerca del 64% del monto total presentado, con iniciativas por aproximadamente US$ 85.456 millones, mientras que la minería acumulaba proyectos por alrededor de US$ 46.000 millones. Entre ambos sectores explicaban prácticamente la totalidad del capital que buscaba ingresar al régimen.
La evolución del RIGI no fue solamente cuantitativa. También aumentó considerablemente el tamaño de los proyectos.
A julio de 2025, el propio Gobierno contabilizaba 14 solicitudes y cinco proyectos aprobados, con compromisos de inversión superiores a US$ 12.500 millones.
Durante 2026 comenzaron a incorporarse iniciativas mucho mayores.
Uno de los casos más significativos es Vicuña, el proyecto de cobre, oro y plata impulsado por BHP y Lundin Mining en San Juan, cuya inversión informada dentro del RIGI asciende a US$ 9.700 millones. Con esa incorporación, solamente los proyectos mineros aprobados en San Juan superaron los US$ 13.400 millones.
Mendoza también ingresó formalmente al mapa del régimen con PSJ Cobre Mendocino, que obtuvo la aprobación nacional en mayo de 2026. El proyecto contempla el desarrollo de una mina de cobre con recuperación de oro y una planta concentradora con capacidad para procesar alrededor de 10 millones de toneladas de mineral por año. La inversión declarada ronda los US$ 891 millones.
A ellos se sumaron expansiones de litio, oro, infraestructura gasífera y desarrollos hidrocarburíferos.
Pero el mayor salto llegó desde Vaca Muerta.
YPF presentó recientemente la solicitud de adhesión para Argentina LNG, el proyecto integrado de gas natural licuado que desarrolla junto con Eni y XRG. La inversión prevista alcanza los US$ 51.000 millones, una cifra que por sí sola modifica sustancialmente la escala potencial del régimen.
Las cifras, sin embargo, requieren distinguir tres conceptos diferentes: proyectos presentados, inversiones aprobadas e inversión efectivamente ejecutada.
La cartera potencial puede superar ampliamente los US$ 100.000 millones sin que ese dinero haya ingresado todavía a la economía argentina.
Los proyectos atraviesan primero el proceso de adhesión, luego deben cumplir los cronogramas comprometidos y finalmente ejecutar las distintas etapas de construcción y desarrollo.
Según los datos recopilados por la BCR a comienzos de junio, aproximadamente US$ 19.103 millones correspondientes al sector energético ya tenían aprobación administrativa, frente a más de US$ 66.000 millones todavía bajo análisis. En minería, alrededor de US$ 9.952 millones estaban aprobados sobre una cartera cercana a US$ 46.000 millones.
Es decir, el crecimiento de las solicitudes avanzó considerablemente más rápido que las aprobaciones.
Y existe una tercera velocidad todavía más lenta: la de los desembolsos efectivos.
Esto responde, en buena medida, a la propia naturaleza de las inversiones que consiguió atraer el régimen. Una mina de cobre, un complejo de GNL, un oleoducto o una expansión de producción de hidrocarburos no desembolsan miles de millones de dólares inmediatamente después de obtener una aprobación administrativa.
Son proyectos que requieren ingeniería, financiamiento, contratación de proveedores, infraestructura, adquisición de equipos, permisos complementarios y varios años de construcción antes de alcanzar su capacidad productiva.
Por eso, una parte sustancial de los montos anunciados bajo el RIGI constituye inversión comprometida a ejecutar durante los próximos años, y no ingreso inmediato de divisas.
Dos años después de la sanción de la Ley Bases, el primer balance permite identificar con mayor precisión qué tipo de inversiones encontró terreno fértil dentro del régimen.
El RIGI terminó especializándose, en los hechos, en sectores intensivos en capital y orientados principalmente a incrementar la capacidad exportadora argentina.
Vaca Muerta aparece como el principal polo energético, mientras que la Cordillera concentra el núcleo de las inversiones mineras, especialmente alrededor del cobre, el litio, el oro y la plata.
El Gobierno decidió además extender la ventana de adhesión. En febrero de este año prorrogó por un año el plazo para presentar proyectos, a partir del 8 de julio de 2026, argumentando precisamente que las inversiones de gran escala necesitan períodos de estructuración y decisión más prolongados.
La decisión abre una nueva etapa para el régimen.
El desafío ya no pasa solamente por incrementar el número de solicitudes. Con una cartera que creció fuertemente y proyectos cada vez mayores, el indicador central comenzará a desplazarse hacia cuánto de esa inversión comprometida logra transformarse efectivamente en construcción, empleo, producción y exportaciones.
El segundo año del RIGI muestra así dos velocidades. Por un lado, una aceleración significativa de los anuncios, solicitudes y compromisos de inversión. Por otro, un proceso necesariamente más lento de ejecución de capital, condicionado por los extensos cronogramas que caracterizan a la minería y la energía.
La magnitud definitiva del régimen se conocerá cuando ambas curvas comiencen a encontrarse.
