Pidió auditar los beneficios del RIGI y prometió «armar todo el quilombo que haya que armar». En un país que pasó años entre controles cambiarios, restricciones comerciales y desconfianza, un dirigente que aspira a gobernar debería entender cuánto cuesta volver a generar previsibilidad

Máximo Kirchner dejó por un momento la PlayStation y se puso a hablar de inversiones. Durante la presentación de Porvenir, pidió auditar los beneficios otorgados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Cuando se refirió a las críticas que recibió su propuesta, eligió cerrar con una advertencia: «Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar».
El problema no es pedir auditorías. Una empresa que recibe beneficios debe cumplir las condiciones establecidas por la ley y someterse a controles. El problema es la liviandad con la que Kirchner convierte una discusión sobre reglas para inversiones de gran escala en una demostración de fuerza política. Como si el país fuera una partida del GTA VI: se prueba una decisión, se arma un desastre y, si sale mal, se vuelve al último punto guardado.
Argentina no tiene ese botón. Durante años, quien quiso invertir tuvo que calcular algo más que los costos de su proyecto: restricciones para importar equipos, obstáculos para acceder a divisas, controles cambiarios y la distancia entre el dólar oficial y los tipos de cambio paralelos. A eso se sumó una pregunta persistente: si las reglas acordadas al comenzar una inversión seguirían vigentes cuando llegara el momento de producir.
El RIGI intenta responder a esa desconfianza. Ofrece incentivos y estabilidad normativa por treinta años a proyectos de gran escala en sectores como energía, petróleo y gas, minería, infraestructura, tecnología e industria. No garantiza por sí solo que cada inversión sea conveniente ni exime a ninguna empresa de cumplir la ley. Pero reconoce un problema que Kirchner parece pasar por alto: conseguir capital para proyectos que tardan años en desarrollarse exige cierta certeza sobre las condiciones futuras.
Un proyecto energético no se construye con una consigna. Una planta industrial no se financia con un discurso. Y una inversión minera no avanza porque un político declare que quiere más empleo. Hace falta capital, permisos, infraestructura, proveedores, trabajadores y tiempo. Antes de poner todo eso en marcha, quienes invierten evalúan si el país cumplirá su palabra. Cuando un diputado con aspiraciones de poder promete «quilombo» alrededor de esas reglas, agrega una incertidumbre que después no paga él.
Kirchner sostuvo que el Gobierno se preocupa más por la discusión electoral que por el trabajo y los salarios. También cuestionó que se controle a universidades y beneficiarios de pensiones mientras, según su planteo, no se audita a petroleras y mineras. Son asuntos que pueden y deben discutirse. Lo que falta en su discurso es una explicación precisa: qué incumplimientos detectó, qué beneficios revisaría y cómo garantizaría que los proyectos que actuaron conforme a la ley conserven sus derechos. Sin esas respuestas, su planteo se parece más a una amenaza que a una política de control.
Argentina ya conoce el costo de cambiar las condiciones a mitad de camino. También conoce el resultado de pedir inversiones mientras sus dirigentes compiten por ver quién hace más ruido. Después de tantos fracasos, quien quiera conducir el país debería hablar con seriedad de controles, desarrollo y estabilidad. Si Máximo Kirchner prefiere patear el tablero cada vez que una regla no le gusta, mejor que siga jugando a la PlayStation.
Narración generada con inteligencia artificial.
Máximo Kirchner pidió auditar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) durante la presentación de Porvenir. Su propuesta, recibida con críticas, incluyó una advertencia sobre posibles disturbios en caso de desacuerdo. Aunque requieren auditorías, su enfoque sugiere una falta de comprensión sobre la importancia de la estabilidad normativa para atraer inversiones de gran escala, especialmente en sectores como energía, minería e infraestructura.
La discusión sobre auditorías de inversiones afecta la confianza de los inversores, crucial para el desarrollo económico del país. Cambiar las reglas puede desincentivar la inversión, fundamental para sectores estratégicos.
Resumen generado con asistencia de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.



