Relatores especiales de Naciones Unidas expresaron preocupación por la ampliación de los criterios utilizados en Argentina para incorporar personas y entidades al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El registro fue creado en 2019 mediante el Decreto 489. En 2024, durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, el Decreto 496 habilitó la inclusión de personas, empresas u organizaciones cuando existieran “motivos fundados para sospechar” una vinculación con una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional.
Según los relatores Ben Saul, Gina Romero, Andrea Bolaños Vargas y Albert Barume, esos criterios son imprecisos y demasiado amplios. En su evaluación, la falta de una definición precisa de “seguridad nacional” podría favorecer decisiones arbitrarias y afectar la libertad de expresión, la reunión pacífica, la asociación y la participación en asuntos públicos.
El informe también señaló un riesgo específico para defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, organizaciones territoriales y ambientales, manifestantes pacíficos y periodistas. La advertencia se vincula con la posibilidad de que sean estigmatizados mediante su inclusión en listados asociados al terrorismo.
La preocupación de Naciones Unidas alcanza además al Decreto 717/2025, que creó el Centro Nacional Antiterrorista bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) e incorporó la noción de “ciclo terrorista”. Para los expertos, esa figura puede ampliar el margen de evaluación discrecional del Poder Ejecutivo y extender una herramienta pensada originalmente para amenazas internacionales excepcionales hacia cuestiones generales de seguridad nacional.
El debate se desarrolla en un contexto regional en el que también se retomaron referencias a la Doctrina de Seguridad Nacional. El artículo vincula ese proceso con iniciativas de cooperación entre fuerzas de seguridad argentinas y chilenas y con la utilización de categorías como “subversivos” para caracterizar a pueblos originarios.
Con información de El Destape — Economía.