Moody’s Ratings elevó la calificación de la deuda soberana argentina de Caa1 a B3, tanto para los compromisos en moneda local como extranjera, y modificó la perspectiva de estable a positiva. La agencia vinculó la decisión con una reducción del riesgo de default y una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios.
Entre los factores considerados estuvieron la continuidad de los superávits fiscales, la desaceleración de la inflación y el avance de la liberalización económica. Según el análisis de la calificadora, ese proceso contribuyó a fortalecer la credibilidad de las políticas públicas, mejorar la gobernanza y reducir la volatilidad macroeconómica.
Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings, explicó que la mejora también estuvo relacionada con el desempeño de las finanzas externas. La agencia evaluó la balanza de pagos, el ingreso y egreso de divisas y la capacidad del Gobierno para afrontar sus compromisos internacionales. En ese marco, destacó una evolución favorable y el aporte de las exportaciones y de la inversión extranjera directa en energía y minería.
El plan financiero presentado por el Gobierno fue otro elemento relevante para la evaluación, ya que permitió precisar las fuentes previstas de financiamiento. Moody’s observó que este año el ingreso de divisas estaría por encima de sus proyecciones iniciales, aunque advirtió que en 2027 las cuentas externas enfrentarán una mayor presión por los vencimientos de deuda.
La calificadora mantuvo una postura prudente frente al escenario político. Reusche señaló que la continuidad de las políticas económicas después de las elecciones será determinante para avanzar hacia una nueva mejora. La perspectiva positiva indica que la nota podría subir, pero los riesgos vinculados al proceso electoral impidieron un ajuste mayor en esta instancia.
Para Moody’s, la mejora de la calificación podría favorecer el acceso al financiamiento y reducir su costo para el Estado, las empresas y los bancos. Sin embargo, la agencia remarcó que sus decisiones buscan evitar cambios reversibles en el corto plazo y que, por ese motivo, analiza la sostenibilidad de las políticas antes de modificar la evaluación soberana.
Con información de Infobae — Economía.
