La ministra Jimena Latorre abrió este lunes el trabajo en Comisiones para los proyectos Malargüe Distrito Minero
El proyecto PSJ Cobre Mendocino continúa su recorrido institucional en la Legislatura provincial, donde ya atraviesa instancias de exposición técnica y ambiental, aunque todavía sin una fecha definida para su despacho en comisiones. La Ley 7722 exige que la Declaración de Impacto Ambiental pase por un filtro político y la expectativa está puesta en el acompañamiento o no para la explotación de cobre.
El Gobierno provincial espera que la ratificación pueda concretarse este año, pero reconoce que el avance depende directamente de la voluntad política de los bloques. Este lunes continuó el tratamiento de Malargüe Distrito Occidental y la ministra Jimena Latorre, de Ambiente y Energía, abrió las exposiciones sobre la Declaración de Impacto Ambiental.
Latorre destacó: “Este paso es central para ordenar, transparentar y potenciar la exploración minera en el sur provincial”, luego de la prestación de las DIA para análisis legislativo.
Trabajo en comisiones conjuntas
Desde el oficialismo explicaron que las comisiones conjuntas de la Cámara de Diputados continúan analizando la documentación y escuchando a los equipos técnicos.
“Las comisiones están trabajando y serán ellas las que decidan cuándo emitirán despacho para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto”, indicaron fuentes vinculadas al proceso. Consultados sobre si existe un plazo formal para avanzar, respondieron: “No lo sé. Formalmente no hay un límite preciso”, señaló el director de Minería, Jerónimo Shantal, al ser consultado por Comunicaciones Mineras.
La presentación del RIGI suma peso a PSJ Cobre Mendocino
La eventual incorporación del PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) agrega un elemento de peso al tratamiento legislativo que hoy enfrenta el proyecto. Si bien la empresa aún no presentó formalmente su solicitud, cuenta con prefactibilidad, un requisito suficiente para iniciar el trámite ante el régimen, que luego podrá completarse con los estudios de factibilidad plena en caso de que la Legislatura ratifique el acuerdo.
El proceso es clave porque el RIGI —cuyo plazo de adhesión vence en marzo de 2026— otorgaría previsibilidad fiscal y condiciones especiales de inversión para una iniciativa de escala como PSJ, lo que para el oficialismo refuerza la urgencia de avanzar con la ratificación legislativa. Según fuentes del Ejecutivo, que un proyecto minero de esta magnitud acceda al régimen convertiría su desarrollo en una oportunidad económica estratégica para la provincia.
