Narración generada con inteligencia artificial.
La expansión de Vaca Muerta y del litio volvió a poner en primer plano el destino de las regalías que reciben las provincias por la explotación de recursos naturales. El debate suele enfocarse en producción, exportaciones, inversiones y recaudación, pero también plantea qué patrimonio quedará cuando esos bienes se agoten.
El petróleo, el gas y el litio son activos finitos. Por eso, las regalías no constituyen únicamente un ingreso presupuestario, sino la conversión de una parte del patrimonio natural en dinero. Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Salta y Catamarca tienen un papel central en la definición del uso de esos recursos, en el marco del dominio originario reconocido a las provincias por el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Ese principio debe compatibilizarse con el artículo 41, incorporado en la reforma constitucional de 1994, que establece que las actividades productivas no deben comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Desde esa perspectiva, una alternativa consiste en destinar una proporción relevante de las regalías a fondos permanentes, con capital protegido y uso limitado de sus rendimientos.
La propuesta mencionada plantea asignar al menos la mitad de las regalías provenientes de recursos no renovables a un fondo intergeneracional. El mecanismo permitiría atender necesidades actuales de infraestructura, salud, educación y servicios, sin consumir por completo el valor de activos que no pueden reponerse.
Los antecedentes locales muestran los riesgos de una protección institucional débil. Un fondo creado por Mendoza en 1993 perdió valor tras operaciones de crédito con tasas negativas, mientras que el fondo anticíclico de Neuquén, constituido en 2020 con regalías hidrocarburíferas, quedó expuesto a la reasignación de recursos mediante una ley presupuestaria.
Para evitar que esos instrumentos se conviertan en cajas de uso corriente, se propone establecer aportes automáticos, restricciones sobre el capital, administración independiente, auditorías públicas y una política de inversión diversificada. El Alaska Permanent Fund aparece como referencia internacional por su respaldo constitucional, aunque el esquema no necesariamente debería replicarse en la Argentina.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones busca ofrecer previsibilidad a los proyectos, mientras que un fondo intergeneracional podría aportar estabilidad en el manejo de la renta. El objetivo sería convertir una riqueza geológica decreciente en activos financieros capaces de generar ingresos cuando disminuya la producción.
Con información de La Nación — Economía.
