El precio de los combustibles aumentó 558% desde diciembre de 2023, por encima de la evolución de los salarios privados, que acumularon una suba del 311% en el mismo período. La brecha derivó en una pérdida del 38% en la capacidad de compra de nafta de un sueldo promedio, según un informe de la Fundación Encuentro.
El relevamiento indicó que la nafta súper pasó de $311 a más de $2.000 por litro tras la devaluación del peso y el inicio de la liberalización de los precios del sector. En noviembre de 2023, un salario privado promedio permitía adquirir 26,3 tanques de 50 litros; actualmente, alcanza para 16,4. Además, el combustible registró una suba cercana al 45% medido en dólares durante el último año.
El impacto, de acuerdo con el estudio, excede a los usuarios de vehículos particulares. El gasoil y la nafta forman parte de los costos logísticos y productivos, mientras que más del 80% de la producción agropecuaria, industrial y de bienes de consumo masivo se moviliza por rutas. El informe estimó que el encarecimiento de los combustibles puede aportar hasta 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual mediante el traslado a fletes, distribuidores, comercios y consumidores.
La referencia internacional y Vaca Muerta
La Fundación Encuentro también cuestionó el criterio utilizado para definir los valores internos. El informe señaló que, pese a que la producción de Vaca Muerta creció 47% en el último año y las refinerías funcionaron con altos niveles de utilización, los precios locales siguen vinculados a referencias internacionales.
Según el relevamiento, la paridad de importación incorpora valores externos, costos teóricos de transporte y seguros, además de márgenes internacionales de refinación, aunque una proporción significativa del combustible se produzca y procese en el país. El análisis también mencionó los resultados operativos de YPF durante el segundo trimestre de 2026 y la expansión de la producción no convencional.
En materia vial, el informe estimó que durante los últimos dos años y medio se recaudaron $1,5 billones mediante fondos con destino legal a la construcción y el mantenimiento de rutas, pero solo se ejecutó el 26% en obras. El resto habría permanecido invertido en instrumentos financieros, como plazos fijos y bonos del Estado. La entidad calculó que los recursos no utilizados podrían haber permitido intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de caminos y reclamó transparencia en la formación de precios, cumplimiento de las asignaciones para infraestructura y una revisión del esquema fiscal.
Con información de Energía Online.
