La privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue volvió a quedar bajo análisis judicial. La Fundación Soberanía amplió una denuncia ante el Juzgado Federal de General Roca y solicitó que se investigue una presunta subvaluación de los activos estatales durante el proceso.
La organización planteó que el procedimiento podría haber beneficiado a un grupo acotado de empresas y pidió que, si se acreditan las irregularidades señaladas, se anulen las adjudicaciones. La causa está a cargo del juez federal Hugo Greca.
El planteo apunta a cuatro aspectos del proceso: la presunta omisión del Tribunal de Tasaciones de la Nación, la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en la valuación, el criterio recaudatorio aplicado y la realización de un concurso sin precio base, según la presentación.
Las represas están ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Neuquén y Río Negro. En el esquema de adjudicaciones, Alicurá y Cerros Colorados quedaron en manos de Edison Inversiones S.A.U., vinculada al Grupo Neuss; El Chocón-Arroyito fue asignada a BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy; y Piedra del Águila quedó a cargo de Central Puerto S.A.
La Fundación Soberanía solicitó que sean citados representantes de Edison, Central Puerto y BML Inversora, además de los empresarios mencionados en la denuncia. También pidió revisar la metodología utilizada para determinar el valor de los activos y las condiciones de transferencia de las concesiones.
El proceso contempla un pago de US$ 707 millones por las represas del Comahue. La entidad denunciante sostiene que la reiteración de determinados grupos empresarios en las adjudicaciones podría configurar un circuito de beneficiarios y reclamó que la Justicia determine si existieron incumplimientos del marco administrativo.
Con información de Energía Online.
