El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad llegará al reinicio de la actividad del Senado, previsto para el 6 de agosto, con una nueva versión y un respaldo político cada vez más incierto. El capítulo dedicado a la reforma del régimen de tierras rurales fue modificado en sucesivas negociaciones y ya cuenta con 16 borradores.
Entre los cambios incorporados durante el receso figura una cláusula ambiental para las operaciones de venta autorizadas por la Nación y las provincias. Sin embargo, la iniciativa mantiene cuestionamientos entre senadores que advierten sobre sus posibles efectos en la adquisición de tierras por parte de extranjeros, especialmente en áreas fronterizas.
Uno de los puntos de mayor discusión es la eventual eliminación de la comisión interministerial que actualmente interviene en la autorización de determinadas operaciones. El proyecto trasladaría esa atribución a las provincias, lo que, según sus críticos, podría generar criterios diferentes entre distritos limítrofes y debilitar la mirada nacional sobre la seguridad territorial.
El oficialismo también retiró disposiciones que habían generado resistencia, entre ellas el mecanismo de silencio administrativo positivo para convalidar operaciones ante la falta de objeciones. La oposición dialoguista reclama directamente excluir el capítulo de tierras para facilitar la aprobación del resto de la propuesta, mientras el Poder Ejecutivo insiste en conservarlo.
La votación aparece condicionada además por la posición de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que rechaza la reforma y podría desempatar si se repitiera un escenario de igualdad. En la última sesión, el resultado había sido de 35 votos por lado, una paridad que dejó expuesta la fragilidad del proyecto.
Con el Congreso encaminado hacia el tramo final del año legislativo y la campaña electoral de 2027 en el horizonte, el Gobierno deberá retomar las negociaciones para evitar nuevas deserciones. Por ahora, las modificaciones no lograron despejar las dudas sobre el alcance de la desregulación ni garantizar los votos necesarios.
Con información de Clarín — Economía.