El Gobierno trabaja en un proyecto de ley de desregulación de más de 144 páginas que prevé enviar al Congreso durante agosto. El anteproyecto, todavía sujeto a modificaciones, está organizado en 11 títulos e incluye reformas para el corretaje, el sector agroindustrial, el mercado de capitales, la actividad portuaria y la comercialización de medicamentos.
La iniciativa propone declarar por seis meses la emergencia pública en materia administrativa y otorgar facultades al Poder Ejecutivo para remover barreras de entrada, cuotas, licencias comerciales y otras restricciones en actividades que no sean servicios públicos regulados. El objetivo planteado es reducir obstáculos administrativos y favorecer la competencia.
Uno de los ejes es la digitalización de trámites y operaciones. El texto habilita la venta de medicamentos por canales digitales, incorpora la posibilidad de representar valores negociables mediante blockchain o registros distribuidos y crea un Sistema Federal de Registro de Garantías interoperable para centralizar la publicidad de prendas y warrants.
En el sector farmacéutico, la propuesta permitiría comercializar medicamentos de venta libre en comercios que no sean farmacias. Para el corretaje, en tanto, elimina aranceles mínimos y límites sobre las comisiones. También plantea derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales y volver voluntarias las contribuciones al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
En materia de navegación, el borrador habilita a buques de bandera extranjera a realizar cabotaje de cargas y pasajeros entre puertos argentinos, con una incorporación progresiva de tripulación nacional. Además, contempla un arancel de importación de 0% para buques de hasta 20 años que se incorporen a la bandera argentina y una exención del impuesto al combustible naval utilizado en cabotaje.
El capítulo financiero moderniza los regímenes de Warrants y Prenda con Registro, permite utilizar activos virtuales como garantía y facilita la negociación digital de facturas de crédito electrónicas y otros títulos sin intermediación obligatoria. Desde el Ministerio de Desregulación señalaron que el proyecto continúa en revisión y que la versión definitiva se conocerá cuando sea remitida al Congreso.
Con información de Infobae — Economía.
