La segunda y última jornada de la Semana de la Ingeniería tuvo como uno de sus ejes centrales el análisis de los recientes cambios introducidos en la Ley de Glaciares, una modificación que, según coincidieron especialistas, funcionarios y representantes de la industria, busca reducir ambigüedades, brindar mayor certeza jurídica y fortalecer las facultades de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
El panel reunió a Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza; a Gabriel Cabrera de CGM SA, Roberto Miranda, secretario de Ambiente de San Juan, y Roberto Larralde Campos, EPC/BOOT _ TECHINT E&C Techint, quienes analizaron el impacto de las modificaciones normativas desde las perspectivas científica, ambiental, jurídica y productiva. El moderador fue el presidente de CAI, Pablo Bereciartúa.
Durante la apertura del debate, Cabrera destacó que la reforma logró un alineamiento entre distintos actores que históricamente habían mantenido diferencias de interpretación.
“No solo hay un alineamiento del Estado con el tema ambiental, sino también de la Nación con las provincias y de la ciencia con lo jurídico”, afirmó.
El especialista señaló que la legislación anterior presentaba una serie de imprecisiones que derivaban en interpretaciones contradictorias. “La ley tenía errores y defectos que llevaban a ambigüedades y arbitrariedades. No se resolvieron todos los problemas, pero sí varios de los más importantes”, sostuvo.
Desde una mirada técnica, explicó que los cambios incorporados tienen sustento científico y permiten una mejor aplicación de los criterios de protección ambiental. En ese sentido, remarcó la importancia del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta de gestión, aunque aclaró que no debe considerarse un instrumento definitivo e inmodificable.
“Ahora se entiende que el inventario no es palabra santa, sino una herramienta preliminar que puede ser revisada y actualizada a partir de nuevos estudios y mediciones. Tenemos una nueva ley que nos permite interpretarlo adecuadamente y convertirlo en una herramienta de trabajo formidable”, expresó.
El protagonismo de las provincias
Por su parte, Roberto Miranda destacó la participación activa de San Juan en el proceso de modificación de la norma y aseguró que uno de los principales avances es la recuperación de competencias por parte de las jurisdicciones provinciales.
El funcionario sostuvo que existen tres aspectos centrales en la reforma. El primero es la precisión conceptual para diferenciar claramente ambientes glaciares y periglaciares mediante criterios técnicos específicos. El segundo es el reconocimiento de las facultades provinciales sobre el territorio y los recursos naturales. Y el tercero, la actualización permanente del Inventario Nacional de Glaciares.
“Nuestro gobernador habla de una devolución de facultades a las provincias. Más allá del reconocimiento, se trata de devolver herramientas para gestionar el territorio con información técnica y actualizada”, señaló.
Miranda consideró que la posibilidad de revisar y actualizar el inventario representa uno de los beneficios más importantes para las provincias cordilleranas, ya que permitirá contar con información más precisa para la toma de decisiones vinculadas tanto a la protección ambiental como al desarrollo de proyectos productivos.
Ambiente y desarrollo
El debate se dio en un contexto en el que las provincias mineras buscan consolidar nuevos proyectos de cobre, oro y otros minerales estratégicos, al tiempo que enfrentan crecientes exigencias ambientales.
Los expositores coincidieron en que la actualización de la normativa no implica una reducción de los estándares de protección, sino la incorporación de criterios más claros y medibles para determinar qué áreas deben ser preservadas y cuáles pueden ser evaluadas para actividades productivas bajo controles ambientales estrictos.
La discusión sobre la Ley de Glaciares se convirtió así en uno de los temas más relevantes del cierre de la Semana de la Ingeniería, un encuentro que reunió a referentes del sector público, privado y académico para debatir los desafíos que enfrenta la actividad en Argentina y las condiciones necesarias para atraer inversiones en una nueva etapa de crecimiento minero.
