La tranquilidad habitual de Guandacol se quebró en los últimos días y dio paso a un escenario de tensión social creciente. Vecinos, comerciantes y trabajadores se declararon en estado de asamblea permanente luego de que la Justicia ordenara el cierre del camino que conecta la localidad con el proyecto minero Vicuña, una decisión que ya impacta de lleno en la economía regional.
Bajo la consigna “Guandacol se levanta”, la comunidad difundió un manifiesto en el que cuestiona la medida judicial —efectivizada el pasado 16 de abril— y reclama haber quedado al margen del proceso. “No somos parte del expediente, pero somos nosotros quienes pagamos el costo”, expresa el documento, que rápidamente se viralizó y sintetiza el malestar de un pueblo que denuncia sentirse desprotegido.
Impacto directo en el empleo y la economía local
Aunque el fallo se sustenta en criterios de protección ambiental —un punto que los propios vecinos aseguran no discutir—, el eje del conflicto está puesto en la falta de previsión ante sus consecuencias sociales.
Según un relevamiento comunitario, al menos 486 personas ya registraron con nombre y DNI el impacto directo sobre sus ingresos. La paralización del tránsito hacia el proyecto no solo afecta a trabajadores vinculados a la actividad minera, sino también a proveedores, comercios y servicios que dependen de ese circuito económico.
En ese contexto, crece el temor a un escenario conocido para la zona: la migración forzada en busca de oportunidades, el cierre de negocios y el progresivo vaciamiento de la localidad.
Asamblea abierta y pliego de reclamos
Frente a esta situación, la comunidad convocó a una asamblea abierta en la plaza principal con el objetivo de unificar posiciones y formalizar un reclamo conjunto dirigido al Estado provincial y al Poder Judicial.
Entre los principales puntos que exigen con carácter urgente, se destacan:
- Asistencia económica inmediata para trabajadores afectados por la interrupción de actividades.
- Prioridad para mano de obra local en obras públicas en Villa Unión, Villa Castelli y la región.
- Medidas de compensación para proveedores y comercios perjudicados.
- Creación de una mesa de diálogo institucional, que reúna autoridades provinciales, municipales, trabajadores y representantes de la comunidad, y con compromisos concretos y verificables.
Un conflicto abierto
Mientras se espera una respuesta oficial, en Guandacol el clima sigue enrarecido. La comunidad no cuestiona el cuidado ambiental, pero advierte que no puede ser a costa de su subsistencia.
El conflicto expone, una vez más, la dificultad de equilibrar desarrollo productivo, decisiones judiciales y el impacto real en territorios donde cada medida tiene consecuencias inmediatas sobre la vida cotidiana.
