El gas natural licuado comenzará a exportarse en 2027, según los anuncios de Horacio Marín, CEO de YPF
El gobierno de Rolando Figueroa busca cerrar en las próximas semanas un acuerdo con YPF para enviar en abril a la Legislatura un proyecto de ley que establezca un marco específico para los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL). El objetivo central es evitar que las regalías provinciales queden expuestas a maniobras de subvaluación en la cadena de comercialización.
La iniciativa, anticipada en la apertura de sesiones, incluirá un esquema diferencial para el metano, con una alícuota más baja, y forma parte de una estrategia oficial para mejorar la competitividad de los desarrollos exportadores sin resignar ingresos fiscales.
En paralelo, la negociación con la petrolera que conduce Horacio Marín avanzó sobre el nivel de regalías. Si bien inicialmente se analizaba un 5%, la exención del impuesto a los Ingresos Brutos para exportaciones empujó la discusión hacia un rango cercano al 7,5%.
Uno de los puntos clave del proyecto será la incorporación de un precio de referencia para liquidar las regalías. Este valor estaría atado al precio del gas que se vende a la industria —actualmente en torno a los 3 dólares por millón de BTU—, con el fin de evitar que, en operaciones entre empresas integradas, se declare un precio artificialmente bajo y se reduzca así la base de cálculo de las regalías.
Un debate latente que no prosperó en la Legislatura
La discusión sobre cómo fijar ese precio testigo no es nueva. En 2024, el diputado Darío Martínez había impulsado un proyecto para establecer como referencia el promedio de los últimos tres años de ventas de gas, tanto en el mercado interno como en exportaciones, tomando el mayor valor entre ambos.
Sin embargo, la iniciativa apenas tuvo tratamiento en comisión y no avanzó. En ese momento, el legislador advertía que proyectos de GNL evaluaban precios de hasta 1,80 dólares por millón de BTU para garantizar su rentabilidad, lo que implicaba una merma directa en la recaudación provincial.
Aunque el debate legislativo quedó trunco, la preocupación persistió en el Ejecutivo, que optó por negociar directamente con la industria bajo reserva para alcanzar un consenso previo.
El plan oficial es remitir el proyecto durante abril. En ese mismo período, también podría ingresar a la Legislatura la ratificación de un nuevo fideicomiso de empresas petroleras destinado a financiar obras viales en la provincia, otra de las iniciativas anunciadas por Figueroa al inicio del período de sesiones.
