La coordinación de Sostenibilidad monitorea el impacto social de los proyectos mineros y mide el beneficio para las comunidades
La Dirección de Minería avanza en el fortalecimiento del vínculo entre los proyectos mineros y las comunidades a través de un área específica dedicada al desarrollo sostenible. Así lo explicó el coordinador de Sostenibilidad del organismo, Javier Frías, en una entrevista con Comunicaciones Mineras, donde detalló cómo se monitorean los compromisos sociales que las empresas deben presentar junto con sus informes ambientales.
El sociólogo señaló que, con la actualización del Código de Procedimiento Minero -junio del 2024-, se creó formalmente el área de desarrollo sostenible con una mirada integral sobre la actividad. El objetivo es garantizar que cada emprendimiento minero contemple no sólo el impacto ambiental, sino también su relación con la comunidad y la generación de oportunidades locales.
En la foto: el director de Minería, Jerónimo Shantal; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y el gobernador Alfredo Cornejo.
Cuatro ejes de trabajo
Frías explicó que el área organiza su tarea en cuatro agendas principales:
- Impulso productivo: fortalecimiento de la cadena de valor y desarrollo de proveedores locales.
- Vinculación comunitaria: seguimiento de los aspectos sociales y del vínculo con las comunidades.
- Promoción educativa y cultural: talleres, capacitación y formación de perfiles laborales.
- Gobernanza: transparencia, modernización de procesos y participación ciudadana.
En este marco, cada empresa debe presentar la Declaración Jurada de Buenas Prácticas, un documento que acompaña la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que si bien no tiene la misma envergadura jurídica que los requerimientos técnicos para lograr las autorizaciones, sí condiciona a una factibilidad integral y a la construcción de la licencia social, que es en definitiva uno de los mayores capitales: que las comunidades avalen el proyecto y visualicen cómo los beneficiará en infraestructura, empleo, entre otros.
El consenso social fue uno de los puntos controvertidos durante el debate legislativo para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos mineros en Malargüe y para PSJ Cobre Mendocino.
Si bien, un grupo de legisladores opositores apuntaban a que no había aval en Uspallata, la mayoría de la población pidió que se haga minería en las maratónicas Audiencias Públicas.
Mujeres y jóvenes forman parte de los talleres laborales y de microemprendedores que dicta PSJ.
Declaración de Buenas Prácticas y plan de integración social
Según detalló el coordinador, la declaración establece acciones concretas de vinculación con la comunidad y exige a las compañías presentar un plan de integración social.
Allí deben especificar:
- Canales de comunicación con la población.
- Estrategias de participación comunitaria.
- Talleres educativos y culturales.
- Acciones de formación laboral.
También deben explicar cómo permitirán que la comunidad participe de los controles y tenga acceso a los monitoreos ambientales.
“Buscamos monitorear cómo se construye la viabilidad social y cómo la empresa se vincula con la comunidad”, explicó Frías.
Frías comentó que estos programas se tomaron en función de experiencias exitosas donde la minería funciona hace décadas con altos estándares de transparencia y aceptación de las comunidades.
Participación comunitaria y control social
Uno de los puntos centrales del esquema es la protocolización de los monitoreos, que incluye la participación de la Policía Minera. El organismo trabaja en un instructivo que obliga a las empresas a presentar un plan de monitoreo con requisitos técnicos mínimos:
- Definición de puntos de muestreo.
- Periodicidad de los controles.
- Análisis en laboratorios certificados.
- Apertura de los monitoreos a la comunidad.
Además, la Dirección de Minería exige instancias de talleres y actividades de difusión al menos una o dos veces al año y en este momento se está diseñando una guía de procedimiento, que deberá ser presentada con resultados concretos a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA).
Para Frías, estas herramientas son clave para generar confianza. “Es una excelente herramienta para brindar tranquilidad y demostrar que no se están afectando los recursos naturales de la provincia”, sostuvo.
Modelos internacionales y mejora continua
El coordinador remarcó que muchas de las iniciativas se basan en experiencias de regiones con larga tradición minera. “Siempre tomamos modelos de buenas prácticas de lugares donde la actividad tiene más años de desarrollo”, explicó.
Al tiempo que advirtió:”Hay que romper con la idea que la minería en Mendoza es de ahora. Eso no es cierto, Mendoza tiene una larga tradición en minería que va desde la explotación de canteras, minería no metalífera y toda una industria y recursos humanos formados en la provincia”.
El caso del proyecto San Romeleo en Malargüe
Frías destacó la presentación de la Declaración Jurada de Buenas Prácticas del Proyecto San Romeleo, que apunta a mejorar los caminos y tiene una proyección de emplear a 30 personas en Malargüe para el desarrollo de la producción de óxido de cobre.
En diciembre pasó por la Audiencia Pública con una masiva participación y respaldo de la comunidad.
