El Instituto Argentino de Derecho para la Minería difundió un comunicado en el que afirma que el debate legislativo es un paso clave para reglas más claras
En momentos en que el Congreso de la Nación analiza un proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) difundió un comunicado en el que sostuvo que el debate legislativo no debe interpretarse como un retroceso ambiental, sino como una oportunidad para fortalecer la protección de los glaciares sobre bases jurídicas más claras y previsibles
Desde la entidad señalaron que la iniciativa en discusión apunta a corregir ambigüedades e imprecisiones conceptuales que, en la aplicación práctica de la ley vigente, generaron interpretaciones dispares, conflictos de competencia y un escenario de incertidumbre jurídica, tanto para las autoridades provinciales como para los actores productivos. Según el IADEM, esta falta de claridad termina debilitando la eficacia de la tutela ambiental y afecta el desarrollo de inversiones de largo plazo.
En ese sentido, el instituto remarcó que un derecho ambiental efectivo debe apoyarse en normas claras y precisas, y que la adecuación propuesta no implica una disminución de los niveles de protección, sino su fortalecimiento. “La precisión normativa no debilita la protección del ambiente, sino que le otorga mayor eficacia”, indicaron en el documento difundido esta semana.
La protección ambiental se fortalece
.Uno de los ejes centrales del comunicado es el enfoque federal del proyecto que se debate en el Congreso. El IADEM recordó que la Constitución Nacional otorga al Congreso la facultad de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, pero subrayó que esta atribución debe ejercerse de manera armónica con el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. En esa línea, destacaron que la participación activa de las provincias en la aplicación de la Ley de Glaciares no contradice el esquema de presupuestos mínimos, sino que lo robustece, al incorporar el conocimiento técnico y territorial de las autoridades locales.
Asimismo, aclararon que el involucramiento provincial no habilita a actuaciones discrecionales ni al margen del ordenamiento jurídico federal, y que el ejercicio del dominio originario debe realizarse respetando los estándares ambientales fijados a nivel nacional. Para el IADEM, el desafío es articular de manera coherente la protección ambiental, el desarrollo productivo y el reparto constitucional de competencias.
Finalmente, el instituto consideró que la sanción del proyecto de adecuación resulta clave para superar las ambigüedades del régimen actual, brindar certidumbre jurídica y fortalecer el federalismo ambiental, en línea con los criterios señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la Ley de Glaciares. “La protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece”, concluye el comunicado
