El Gobierno de San Juan terminó de pulir el borrador final de la futura Ley de Proveedores Mineros, una iniciativa que busca ordenar el crecimiento del sector con cupos obligatorios de empleo local, metas de compras provinciales, beneficios impositivos y mayores controles sobre las empresas mineras que operan en la provincia.
El proyecto, de 19 página ya comenzó a circular entre los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados y podría desembarcar en el recinto la próxima semana.
La iniciativa fue elaborada por los ministerios de Producción y Minería junto con cámaras empresarias del sector y apunta a establecer un marco regulatorio específico para el desarrollo de proveedores sanjuaninos, aunque en el oficialismo hablan de una “regulación mínima”.
Los puntos centrales del proyecto
Uno de los ejes más importantes fija como objetivo que las compañías mineras alcancen un 80% de contratación de trabajadores locales, incluyendo empleo directo e indirecto vinculado a cada proyecto.
La norma aclara que el cupo no solo alcanza a operarios, sino también a técnicos, administrativos, profesionales y cargos jerárquicos.
Para ser considerado “trabajador local”, la persona deberá acreditar domicilio real en San Juan con al menos 12 meses de antigüedad en el DNI y demostrar residencia efectiva mediante documentación oficial.
Además, las empresas deberán informar:
- género y residencia de los trabajadores;
- cantidad de empleados de comunidades de influencia;
- participación de personal provincial, nacional y extranjero.
Compras locales y control sobre las contrataciones
El proyecto también crea un “Plan de Desarrollo de Proveedores Locales”, con la meta de llegar al 60% de compras y contrataciones de bienes y servicios a empresas sanjuaninas.
Sin embargo, el borrador incorpora una cláusula pedida por el sector empresario: si un producto o servicio no existe en condiciones competitivas de precio, calidad o disponibilidad en San Juan, podrá quedar excluido del cálculo obligatorio.
Las compañías además deberán justificar técnicamente cada vez que contraten proveedores externos cuando exista oferta local disponible.
La ley establece un orden de prioridad para las contrataciones:
- proveedores de municipios de influencia directa;
- municipios de influencia indirecta;
- resto de San Juan;
- proveedores nacionales;
- empresas extranjeras.
Beneficios fiscales para las empresas
Como incentivo, el Gobierno provincial ofrecerá certificados de crédito fiscal a las mineras que cumplan simultáneamente las metas de empleo y compras locales.
Esos certificados podrán utilizarse para cancelar impuestos provinciales e incluso transferirse a terceros, algo que en el sector privado observan como un punto clave del proyecto.
Un nuevo registro y más controles
La propuesta también crea el Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.), que funcionará como padrón oficial para categorizar a las firmas locales.
Solo las empresas inscriptas podrán computarse dentro de los porcentajes exigidos por la ley.
El Ministerio de Minería quedará como autoridad de aplicación y tendrá facultades para:
- controlar los planes de empleo y compras;
- supervisar reportes anuales;
- aplicar sanciones;
- suspender beneficios promocionales en casos de incumplimiento.
Licencia social y desarrollo territorial
El borrador incorpora además criterios ambientales, sociales y de desarrollo comunitario. Las mineras deberán priorizar proveedores con políticas de economía circular, eficiencia hídrica, reducción de huella de carbono y equidad laboral.
También se prevén programas de capacitación junto con universidades, sindicatos y cámaras empresarias para cubrir perfiles técnicos que hoy escasean en San Juan.
En los fundamentos, el proyecto insiste sobre el concepto de “licencia social minera” y sostiene que una mayor integración laboral y empresaria de las comunidades locales permitirá “fortalecer la legitimidad social de la actividad extractiva” y distribuir de manera más equitativa los beneficios económicos de la minería.
