El secretario de Minería de la Nación explicó los alcances de la modificación que eliminó el requisito de mayoría de capital argentino para integrar el cupo del 20% de proveedores locales de los proyectos adheridos al RIGI. Es la primera vez que lo explican desde el Gobierno, dado que el cambio se estableció el lunes

La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que permite a empresas controladas por capitales extranjeros competir por el cupo del 20% de proveedores locales abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el desarrollo de la industria minera argentina.
El Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial, eliminó el requisito de mayoría de capital argentino para que una sociedad sea considerada proveedora local. A partir de ahora, las personas jurídicas deberán estar constituidas y domiciliadas en el país, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas.
La medida amplía el universo de empresas que pueden participar de las contrataciones de los grandes proyectos de inversión y plantea nuevos desafíos para las pymes nacionales que buscan integrarse a la cadena de valor minera.
En este contexto, Comunicaciones Mineras dialogó con Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, quien explicó los fundamentos de la decisión, las dificultades de fiscalización del esquema anterior y la necesidad de compatibilizar la llegada de inversiones con el desarrollo de proveedores argentinos.
Lucero brindó este miércoles una charla magistral en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCuyo. Comunicaciones Mineras fue el único medio.
—La nueva normativa del RIGI abre el juego a las inversiones extranjeras para participar del cupo del 20% de proveedores locales. ¿Cómo se va a controlar esta participación?
—El cambio en realidad es el siguiente. La norma antes decía que el proveedor local era aquel que estaba constituido en Argentina y controlado por ciudadanos argentinos o por sociedades constituidas en Argentina que tenían por lo menos un 51% del capital, o que de otra forma controlaban la voluntad social.
Eso era incontrolable en la práctica. Nosotros, desde el Gobierno nacional, que controlamos posteriormente el cumplimiento de los requisitos del RIGI, no podemos controlar cada asamblea de cada empresa proveedora de un proyecto adherido al régimen. Simplemente no podemos.
Había una cuestión de realismo normativo. Si manteníamos ese requisito, lo único que iba a terminar pasando era que no controláramos algo que la ley nos mandaba a controlar.
Por otro lado, sigue siendo una realidad que la empresa que quiere ser proveedor local se tiene que instalar en la Argentina. Va a tener que venir al país y trabajar en la Argentina desde acá.
—¿Qué importancia tiene para las empresas mineras contar con proveedores cercanos a sus operaciones?
—La realidad nos dice que la minera lo que más quiere es tener proveedores cercanos, por dos razones.
Primero, porque una comunidad a la que la minera le da trabajo es una comunidad que va a abrazar a la minería, que va a querer a la minería. Pasa en San Juan, está pasando en Salta, en Catamarca y en Jujuy.
Cuando los gobiernos no dilapidan los recursos que las mineras dejan y las comunidades reciben directamente esos beneficios, son las propias personas de esos lugares las que tienen trabajo y pueden proveer buena parte de lo que necesita una operación minera.
Entonces, nada mejor para la minera en dos sentidos: porque tiene consenso y apoyo social, y porque sale ganando cuando la comunidad la siente como parte de ella.
—¿Cómo se compatibiliza la apertura del RIGI con las regulaciones provinciales de compre local y los objetivos de desarrollo de proveedores nacionales?
—Las leyes locales siguen estando vigentes. Son las que establecen, por ejemplo, que se utilice un 90%, un 80% o ningún porcentaje de mano de obra local.
Lo que prima es el umbral más alto. Estoy parado en una provincia cuyo gobernador le he escuchado decir: «En mi provincia no existe ni existirá la ley de compra local». Son actitudes políticas de liderazgo que cada gobierno decide y que cada líder político define.
—Mendoza viene de una ronda de negocios minera en Rosario y trabaja para fortalecer la participación de empresas locales. ¿Cómo se articula esa política con la necesidad de atraer inversiones?
—Una cosa no quita a la otra. Nosotros queremos que haya una cadena de valor en la que quede la mayor parte posible en la Argentina. Necesitamos eso. También necesitamos los proyectos y no podemos perder de vista ninguna de las dos cosas.
Tenemos que encontrar un equilibrio inteligente porque puede ocurrir que no demos abasto. Hay que tener en cuenta que van a hacer falta miles de trabajadores para construir las grandes minas de cobre que se vienen.
Y podemos no tener esas minas si no estamos preparados. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que fracasen las construcciones? No puede pasar eso.
Tenemos que dar discusiones inteligentes, como la que ocurrió recientemente sobre el tema de las regalías y otros aspectos.
—¿Qué balance hace de las herramientas que viene impulsando el Gobierno nacional para consolidar la minería? ¿Qué falta para que los grandes proyectos se conviertan definitivamente en operaciones?
—Mi visión personal es que tenemos que perseverar en el camino que estamos recorriendo y entender que los tiempos son largos. Nos cuesta, pero construir Vicuña, construir Pachón o construir San Jorge lleva mucho tiempo. Toma años.
Si no aprendemos a ser pacientes y a entender eso, vamos a tener dificultades. Por eso mi clase de hoy empezó justamente con ese aspecto.
¿Qué falta? Falta que tengamos paciencia y que perseveremos en este camino.
—¿El Gobierno está pensando en alguna nueva herramienta para impulsar el desarrollo de la industria?
—Al momento no te puedo decir que estemos pensando en alguna herramienta nueva. Creemos que las condiciones están dadas. La realidad nos dice que las condiciones están dadas.
Ahora, ¿se van a construir minas que llevan años? Es así. No lo podemos evitar. Hay que construir pequeñas ciudades a 3.000 o 4.000 metros de altura. No se puede hacer de la noche a la mañana, aunque lo queramos.
Hay que esperar.
Narración generada con inteligencia artificial.
La modificación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permite ahora a empresas extranjeras competir por el 20% de proveedores locales, eliminando el requisito de mayoría de capital argentino. Luis Lucero, secretario de Minería, defendió esta medida, destacando la necesidad de equilibrar el desarrollo de proveedores nacionales y la llegada de inversiones. La normativa busca facilitar la fiscalización y abrir oportunidades para las empresas que deseen operar en Argentina, mientras se mantienen regulaciones provinciales de compra local.
La modificación del RIGI resalta la estrategia del Gobierno para atraer inversiones extranjeras, a la vez que se busca fomentar el desarrollo de proveedores locales, lo que podría tener un impacto significativo en la economía y en la comunidad minera en Argentina.
Resumen generado con asistencia de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.



