20 de ago de 2026Riesgo país 511Oficial $1.515Blue $1.545MEP $1.525CCL $1.581Cripto $1.581Tarjeta $1.970
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El proyecto de reforma del régimen de biocombustibles que se debate en el Senado generó diferencias entre las pequeñas empresas que abastecen el mercado interno de biodiésel y las principales entidades de la agroindustria. La iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, propone elevar el corte obligatorio del 7,5% al 10% y avanzar hacia un esquema de mayor apertura y competencia.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) cuestionó el mecanismo previsto para la transición de las compañías no integradas. Según la entidad, el nuevo esquema podría favorecer a las grandes aceiteras, concentrar la actividad y comprometer la continuidad de las empresas regionales.
CEPREB también planteó que existía un entendimiento con las cámaras CIARA y CEC, pero ambas organizaciones negaron haber alcanzado un acuerdo y manifestaron su respaldo al proyecto. La iniciativa busca reemplazar el régimen vigente y establecer un nuevo marco regulatorio para el sector.
En la actualidad, 25 plantas pymes producen biodiésel para el mercado interno y están ubicadas principalmente en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. De acuerdo con CEPREB, esas empresas generan cerca de 9.500 empleos directos e indirectos y alcanzan una facturación anual próxima a los 1.000 millones de dólares.
La industria del biodiésel y del aceite de soja, representada por CARBIO y CIARA, pidió al Senado avanzar con el tratamiento y el dictamen del proyecto. Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO, sostuvo que el corte podría llegar al 12,5% y planteó que la apertura a la competencia se concrete progresivamente desde 2030.
El dirigente argumentó que los precios actuales del biodiésel son competitivos frente al gasoil importado y que un aumento del uso del biocombustible podría mejorar los valores de exportación del aceite de soja sin costo fiscal. También señaló que el sector está dispuesto a dialogar y que el debate parlamentario debe contemplar la competencia, la inversión, el empleo y la producción.
Con información de Energía Online.
