El régimen contabilizaba 22 iniciativas aprobadas y otras 22 en evaluación al 1 de septiembre. Neuquén concentra US$ 89.500 millones de los proyectos todavía no autorizados.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumulaba al 1 de septiembre proyectos aprobados y en evaluación por US$ 199.010 millones. Del total, más de tres cuartas partes correspondían a iniciativas que todavía no habían recibido aprobación.
El relevamiento de Paspartú registró 22 proyectos aprobados, uno rechazado y otros 22 en análisis. Las iniciativas en trámite representan anuncios por US$ 151.936 millones, aunque el informe advierte que la información pública disponible no permite conocer el detalle completo de todos los expedientes.
El petróleo y el gas concentran el 80% de la inversión anunciada en los proyectos en evaluación, mientras que la minería explica el 18%. Neuquén reúne US$ 89.500 millones, equivalentes al 58,9% del monto correspondiente a ese grupo. Entre las propuestas de mayor escala aparecen Argentina LNG, de YPF, por US$ 51.000 millones, y LLL Oil, también de la petrolera estatal, por US$ 25.000 millones.
La composición cambia entre los proyectos ya aprobados. En ese segmento, la minería representa el 62,7% de la inversión mínima en activos computables, con US$ 18.109 millones, mientras que petróleo y gas aportan US$ 9.750 millones, el 33,7%.
El conjunto de iniciativas aprobadas prevé una inversión total de US$ 47.074 millones. De esa cifra, US$ 28.888 millones corresponden a activos computables sujetos a penalidades por incumplimiento y US$ 18.186 millones quedarían fuera de ese compromiso. La inversión inicial estimada para los primeros dos años alcanza US$ 11.808 millones.
El análisis cuestiona la falta de información detallada sobre cronogramas de obras, financiamiento, empleo local y proyecciones de producción y exportaciones, especialmente en los proyectos que continúan en evaluación. También plantea dudas regulatorias para las exportaciones de gas por gasoducto, ante la ausencia de un marco que reemplace normas anteriores. Como alternativa, propone que la Secretaría de Energía establezca reglas sobre autorizaciones, eventuales redireccionamientos al mercado interno y firmeza de los contratos de exportación vinculados con Vaca Muerta.
