19 de ago de 2026
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El Gobierno nacional avanzó con una nueva depuración del marco normativo de la Secretaría de Minería y derogó ocho resoluciones dictadas entre 2008 y 2022. La medida fue oficializada mediante la Resolución 64/2026, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, y publicada este miércoles.
La decisión se enmarca en el proceso de reorganización administrativa impulsado a partir de la Ley de Bases N° 27.742, que establece como objetivos la simplificación de estructuras estatales, la eficiencia y la racionalización del gasto público.
Según los fundamentos de la resolución, las normas eliminadas corresponden a programas y estructuras que agotaron su vigencia, perdieron operatividad o dejaron de resultar compatibles con los actuales lineamientos de gestión de la Secretaría de Minería.
La medida alcanza ocho resoluciones vinculadas con distintos programas e instrumentos de política minera.
Entre ellas se encuentran las normas de 2008 que regulaban la transferencia de fondos a provincias, municipios y otros entes, correspondientes a un modelo de gestión que la actual administración busca reemplazar.
También quedó sin efecto la resolución que había establecido en 2020 la adaptación del Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, debido a que se trataba de una herramienta de carácter transitorio vinculada con la pandemia.
La lista incluye además:
La Secretaría sostuvo que algunas de estas estructuras perdieron operatividad o que sus funciones deberán ser absorbidas por nuevas instancias de coordinación, mientras que en otros casos los objetivos deberán abordarse mediante mecanismos considerados más eficientes.
Uno de los puntos centrales de la resolución es que la derogación de estas normas no implica borrar las obligaciones pendientes derivadas de los programas que estuvieron vigentes.
El Gobierno aclaró expresamente que los derechos y obligaciones surgidos de los convenios firmados bajo esas normas continuarán vigentes.
Esto significa que los proyectos que ya fueron aprobados deberán seguir con su ejecución, rendición de cuentas y, cuando corresponda, recuperación de fondos, de acuerdo con las normas de administración financiera vigentes.
El artículo 2° de la Resolución 64/2026 establece específicamente que la derogación no afecta los convenios suscriptos durante la vigencia de las normas eliminadas.
La decisión forma parte de un proceso más amplio de reordenamiento normativo y administrativo del Estado nacional.
En los fundamentos, la Secretaría de Minería señaló que busca eliminar disposiciones consideradas obsoletas o que ya no responden a los objetivos actuales de política pública, con el propósito de avanzar hacia un marco regulatorio más simple y coherente.
La Resolución 64/2026 fue firmada el 10 de agosto de 2026 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
