La iniciativa Bajo del Choique-La Invernada prevé perforar 620 pozos y construir cuatro plantas de tratamiento con capacidad para producir hasta 100.000 barriles diarios de petróleo
El Gobierno nacional aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto hidrocarburífero por US$12.240 millones en Vaca Muerta, Neuquén. La iniciativa es impulsada por una unión transitoria integrada por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y Pluspetrol Cuenca Neuquina y apunta a ampliar la capacidad de producción y exportación de petróleo y gas.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1808/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El proyecto, denominado “Exploración, Producción, Tratamiento y Transporte de Hidrocarburos Bajo del Choique-La Invernada”, fue encuadrado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría del RIGI destinada a inversiones de gran escala orientadas a mercados internacionales.
Según la documentación presentada por las empresas, el 92% de la producción total se destinará a la exportación. La iniciativa fue evaluada bajo el criterio de que sus operaciones no generarán distorsiones en el abastecimiento del mercado interno.
El desarrollo se localizará en el denominado Hub Norte de la Cuenca Neuquina, en un área de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados situada a unos 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces.
El plan contempla la perforación y puesta en producción de 620 pozos horizontales no convencionales, distribuidos en locaciones de seis pozos cada una, con ramas laterales de unos 3.300 metros en promedio.
La infraestructura prevista incluye cuatro plantas de tratamiento de producción temprana. Cada una tendrá capacidad para procesar 25.000 barriles diarios de petróleo y tres millones de metros cúbicos diarios de gas natural.
En conjunto, las instalaciones alcanzarán una capacidad de tratamiento de hasta 100.000 barriles diarios de crudo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.
El proyecto también incluye un oleoducto de 45 kilómetros para transportar el petróleo hasta la terminal Auca Mahuida, un gasoducto de 20 kilómetros, sistemas de tratamiento y reinyección de agua, líneas de recolección, infraestructura eléctrica, caminos internos, instalaciones industriales y campamentos.
La ejecución se dividirá en dos fases, con distintos plazos y objetivos productivos.
La primera etapa, prevista entre mayo de 2025 y fines de 2037, demandará inversiones por US$4.175 millones. Comprende el desarrollo de la zona sur del área, la perforación de 206 pozos, la puesta en marcha de las dos primeras plantas de tratamiento y la construcción de los ductos para evacuar la producción.
La segunda fase se extenderá desde septiembre de 2026 hasta fines de 2041 y requerirá otros US$8.065 millones. Estará enfocada en la zona norte, correspondiente a La Invernada, donde se prevé perforar los 414 pozos restantes y construir las dos plantas de tratamiento adicionales.
De acuerdo con la resolución, la adhesión al régimen tiene fecha del 10 de septiembre de 2026, mientras que el plazo para cumplir con el monto mínimo de inversión vence el 30 de abril de 2029.
Para los primeros dos años, las compañías proyectan desembolsos por US$1.527 millones, un monto que supera el 20% del mínimo de inversión exigido para esta categoría del régimen.
La aprobación permitirá que el proyecto acceda a los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios contemplados en el RIGI. La resolución también habilita un listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicia y establece mecanismos administrativos específicos para la ejecución de la inversión.
Entre las disposiciones se encuentra la creación de una CUIT especial para el proyecto por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), así como la intervención del Banco Central para instrumentar los beneficios cambiarios correspondientes.
La norma contempla, además, mecanismos de arbitraje para resolver eventuales controversias vinculadas con la inversión.
El expediente recibió una recomendación favorable del Comité Evaluador de Proyectos RIGI y la intervención sin objeciones del Banco Central y de la Procuración del Tesoro de la Nación. También participó la Cancillería, que evaluó el cumplimiento de las restricciones establecidas por la Ley 26.659.
La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la fiscalización del cumplimiento de las condiciones aprobadas.
