El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que pone cupos de contratación a las multinacionales mineras, tanto para el empleo, como para la contratación de empresas proveedoras.
La propuesta llega en un contexto de fuerte expansión de la actividad minera, con inversiones multimillonarias proyectadas para los próximos años. Si bien busca fortalecer el empleo, los grandes jugadores de la minería de clase mundial pusieron reparos en la iniciativa por la falta de profesionalización en sectores claves, como también, la inexistencia de servicios muy específicos, que se encuentran en otras provincias o países.
El CEO de Vicuña en Argentina, José Morea, lo graficó así en una entrevista que le hicieron sobre el tema: “Sería contraproducente para San Juan, que tanto le costó construir esta excelente reputación que tiene hoy a nivel mundial para atraer inversiones mineras”.
Morea insistió con que “San Juan debiera ser lo suficientemente inteligente para proteger una reputación que tanto le ha costado construir, y que hoy le ha abierto las puertas a este tipo de inversiones de grandes empresas internacionales que vienen a hacer minería multigeneracional en forma sostenible, por más de cincuenta años y transformada a San Juan en la provincia que realmente puede ser con todo el potencial destrabado en conjunto”.
Las declaraciones vienen del representante de la multinacional que invertirá 18.000 millones de dólares en los dépositos de cobre, ubicados en San Juan.
La advertencia de McEwen a la Ley de Desarrollo Minero
El CEO de McEwen Mining, Robert McEwen, se mostró cauteloso respecto de las expectativas que despierta el desarrollo de los grandes proyectos de cobre en Argentina y advirtió sobre los riesgos de exigir beneficios anticipados antes de que las inversiones se concreten.
Durante su exposición a principios de año, señaló que el país aún genera cierta prudencia entre los inversores internacionales, a pesar de los anuncios realizados por compañías como Glencore, BHP y la propia McEwen Mining. En ese contexto, cuestionó los planteos de algunos sectores que buscan garantías de contratación para proveedores locales mediante una legislación específica.
“No se trata de extender la mano y pedir ahora mismo. Se trata de construir asociaciones, trabajar juntos y generar confianza”, afirmó.
McEwen también puso el foco en uno de los desafíos que enfrenta la industria minera argentina: la capacidad de respuesta de la cadena de proveedores. Según explicó, tras décadas sin una actividad minera de gran escala, todavía existen limitaciones en materia de servicios, equipamiento y mano de obra especializada para abastecer simultáneamente a los proyectos que avanzan en distintas provincias.
“El país no ha sido un actor minero relevante durante mucho tiempo. Por eso, los proveedores, los inventarios y las habilidades disponibles aún no están preparados para cubrir la demanda que generarán todos los desarrollos en marcha”, sostuvo.
El empresario destacó además el impacto económico que genera la minería a largo plazo y recordó que cada dólar invertido en el sector produce un efecto multiplicador en el resto de la economía. Sin embargo, advirtió que ese proceso puede verse afectado si se imponen condiciones que desalienten el ingreso de capitales.
Al referirse al proyecto Los Azules, en San Juan, remarcó la magnitud y duración de la iniciativa. “Estamos hablando de una operación con una vida útil estimada superior a los 50 años y con potencial para extenderse aún más gracias a la exploración”, indicó.
En ese marco, dejó un mensaje dirigido tanto a proveedores como a autoridades: el desarrollo de capacidades locales debe darse de manera gradual y acompañando el crecimiento de la actividad.
“Hay tiempo para prepararse, adquirir experiencia y generar oportunidades de negocio. La minería es una industria de largo plazo que puede crear riqueza para comunidades enteras, pero intentar capturar todos los beneficios antes de que la inversión llegue podría terminar frenando el proceso”, concluyó.
En qué consiste la Ley de Desarrollo Minero
Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la obligación para las empresas mineras y sus contratistas de presentar planes de desarrollo con objetivos concretos en materia de empleo y compras locales, que deberán ser actualizados periódicamente y sometidos a mecanismos de control y seguimiento.
La iniciativa fija como meta que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan, con prioridad para los departamentos ubicados en el área de influencia de los proyectos. También propone que el 60% de las compras de bienes, servicios y obras se realicen a empresas radicadas en la provincia, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.
Otro de los ejes del proyecto es la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base de datos pública y digital que permitirá identificar a las empresas locales habilitadas para ser consideradas dentro de las metas de desarrollo provincial.
Además, las compañías deberán publicar sus previsiones de demanda de bienes y servicios para que los proveedores sanjuaninos puedan anticiparse y prepararse para participar en futuras contrataciones.
La norma también contempla incentivos para las operadoras que alcancen simultáneamente los objetivos de empleo y compras locales. En esos casos podrán acceder a certificados de crédito fiscal transferibles, que podrán ser utilizados por pymes proveedoras para cancelar impuestos provinciales.
El Ministerio de Minería será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el seguimiento de los planes presentados por las empresas, junto con organismos técnicos y espacios de participación público-privada.
