Un fallo de la Justicia de San Juan dispuso la reanudación de las actividades en el proyecto minero Vicuña, en respuesta a una medida cautelar presentada por las empresas operadoras. La resolución se da en medio de un conflicto con La Rioja, que había impulsado la paralización del emprendimiento por presuntas cuestiones ambientales.
El proyecto, considerado el mayor desarrollo cuprífero del país, es operado por Vicuña Corp., una sociedad integrada por BHP y Lundin Mining. La inversión estimada podría alcanzar los 18.000 millones de dólares en los próximos años, posicionándose como una de las más relevantes en la historia reciente de la minería argentina.
Según lo dispuesto por la Justicia sanjuanina, ningún actor —público o privado— puede obstaculizar el desarrollo del proyecto, que cuenta con habilitación del Ministerio de Minería provincial, autoridad de aplicación en la materia. La única excepción prevista es la intervención de ese organismo.
La medida responde al conflicto generado a partir de una resolución de la Justicia riojana, que había ordenado suspender el tránsito de maquinaria y paralizar las actividades durante 30 días, tras un planteo del gobierno provincial por el posible impacto ambiental y la falta de estudios en la zona. Para hacer cumplir esa decisión, se instalaron retenes policiales en rutas clave de acceso al proyecto.
Aunque los yacimientos —Josemaría y Filo del Sol— se ubican en territorio sanjuanino, uno de los accesos logísticos más utilizados atraviesa La Rioja, lo que complejiza la operatividad y explica parte del conflicto entre ambas jurisdicciones.
La disputa también escaló al plano político. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, defendió las restricciones y planteó la necesidad de revisar los límites interprovinciales definidos en 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Además, reclamó mayor participación para su provincia en los beneficios del proyecto, incluyendo empleo local.
Desde San Juan, el gobernador Marcelo Orrego respondió con firmeza: sostuvo que los recursos pertenecen a la provincia y que su jurisdicción está respaldada por la legislación vigente y la Constitución Nacional. Si bien llamó al diálogo institucional, descartó la validez de planteos sin sustento jurídico.
En este escenario, el fallo judicial sanjuanino refuerza la continuidad operativa del proyecto Vicuña, mientras persisten las tensiones políticas y territoriales entre ambas provincias.
Desde la empresa operadora indicaron que continúan trabajando bajo los marcos legales vigentes y avanzando en las gestiones necesarias para garantizar el acceso y normalizar plenamente las operaciones.
