La Justicia de La Rioja ordenó la paralización por 30 días del proyecto minero Vicuña, uno de los desarrollos de cobre más relevantes del país, y abrió un conflicto de alcance interprovincial con San Juan, donde se localiza el yacimiento y la actividad continúa operativa.
La medida fue dispuesta por la jueza María Greta Decker, de la Cámara de Chilecito, tras un planteo del gobierno riojano que cuestionó la falta de presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ante esa jurisdicción, pese a que el acceso logístico al proyecto se realiza principalmente a través de su territorio.
El emprendimiento está a cargo de Vicuña Corp., una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining, y se ubica en la provincia de San Juan. Sin embargo, la decisión judicial de La Rioja impacta directamente sobre su operatividad al restringir el tránsito de equipos, insumos y personal.
Un conflicto por jurisdicción, ambiente y desarrollo
El eje del reclamo riojano se centra en la omisión de controles ambientales en su territorio. Según argumentó la provincia, el movimiento sostenido de maquinaria pesada podría generar impactos sobre suelos, cursos de agua e infraestructura vial, además de riesgos asociados al transporte de sustancias peligrosas.
En ese marco, la Justicia ordenó no solo limitar la circulación vinculada al proyecto en rutas provinciales, sino también la paralización integral de las actividades por el plazo de 30 días.
Para garantizar el cumplimiento, se instalaron retenes policiales en puntos estratégicos de un corredor de aproximadamente 140 kilómetros que atraviesa zonas como Guandacol, Santa Elena, Zapallar, Las Cuevas y La Ciénaga.
El caso expone una tensión estructural en el desarrollo minero argentino: la superposición entre jurisdicciones cuando los proyectos exceden los límites administrativos, especialmente en etapas donde la logística depende de territorios vecinos.
Reclamos locales y demanda de empleo
El conflicto también tiene un componente social. Comunidades de Guandacol vienen reclamando mayor participación en los beneficios del proyecto, particularmente en la generación de empleo y el desarrollo de proveedores locales.
El ministro de Trabajo de La Rioja, Federico Bazán, remarcó que el vínculo territorial con el proyecto no es nuevo: “Hace más de 15 años el acceso es por La Rioja. Se construyó y se exploró desde ahí, y hoy el tránsito es constante”, señaló. En esa línea, sostuvo que ese impacto debe traducirse en oportunidades concretas para la población local.
Operación parcial y escenario abierto
A pesar del fallo, la empresa mantiene operaciones del lado sanjuanino y aseguró no haber sido notificada formalmente de la resolución judicial. “Cuando seamos notificados y el equipo legal analice la situación, definiremos los próximos pasos”, indicaron desde la compañía.
La situación abre un escenario de incertidumbre para uno de los proyectos de cobre más relevantes del país, en un contexto donde la demanda global por este mineral crece sostenidamente por su rol estratégico en la transición energética.
Un caso que redefine reglas en la minería argentina
Más allá del caso puntual, la decisión judicial introduce un precedente relevante: pone en discusión cómo se articulan los controles ambientales, la distribución de beneficios y la gobernanza de proyectos que involucran múltiples territorios.
El conflicto entre La Rioja y San Juan no sólo impacta en Vicuña, sino que también anticipa los desafíos que enfrentará la minería en Argentina a medida que avance sobre nuevas áreas y escale en volumen de inversión.
