Raúl Jalil defendió la nueva ley y garantizó los estándares ambientales
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió la reforma de la Ley de Glaciares al asegurar que no implica un retroceso en materia ambiental, sino que fortalece el federalismo y mejora los mecanismos de control en las provincias.
En una entrevista con Infobae, el mandatario sostuvo que la nueva normativa permitirá potenciar el desarrollo económico en regiones con actividad minera, al tiempo que garantizó estándares ambientales exigentes. “La minería tiene el control más estricto dentro de los sectores económicos”, afirmó.
Jalil planteó que la reforma modifica el esquema previo y devuelve protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos naturales. En ese sentido, remarcó que la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994, establece que estos recursos son de jurisdicción provincial y que cada distrito cuenta con capacidad técnica para fiscalizar su explotación.

El gobernador también rechazó cuestionamientos vinculados al impacto ambiental y aseguró que los proyectos mineros deben atravesar instancias de audiencias públicas y evaluaciones de impacto. “Hay muchísimo control”, insistió, y agregó que existen normativas nacionales que regulan aspectos como las cuencas hídricas compartidas, incluso en casos interjurisdiccionales, con intervención de la Corte Suprema cuando es necesario.
El impacto de la minería en Catamarca
En cuanto al impacto económico, destacó el crecimiento del empleo ligado al litio en la provincia, con miles de puestos directos e indirectos, además de ingresos por regalías mineras. Según explicó, esos fondos se canalizan a través de un fideicomiso destinado a obras de infraestructura definidas junto a las comunidades locales.
Jalil subrayó además el efecto multiplicador de la minería sobre la economía regional y consideró clave avanzar hacia una mayor industrialización, especialmente en la producción de baterías para almacenamiento de energía.
El respaldo del gobernador se da en un contexto de posiciones divididas entre mandatarios provinciales frente a la reforma. Mientras algunos distritos impulsaron acciones judiciales para frenarla, otros, como Catamarca, la consideran una herramienta para atraer inversiones y consolidar la actividad como política de Estado.


