Ley de Desarrollo Local Minero y de Electromovilidad, buscan ser avances para un mayor impacto de la minería en la vida de los sanjuaninos
El gobierno de San Juan apura el envío a la Legislatura de dos proyectos considerados centrales para el desarrollo del sector minero: la Ley de Desarrollo Local Minero y la Ley de Electromovilidad. La iniciativa apunta a consolidar un modelo en el que la actividad extractiva tenga mayor impacto en la economía provincial y, al mismo tiempo, se articule con las demandas de la transición energética.
La Ley de Desarrollo Local Minero es la que tiene incidencia directa sobre la actividad. Busca que las inversiones generen un efecto más amplio en San Juan, promoviendo la participación de proveedores locales, la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena de valor. La intención es que la renta minera no solo se limite a la extracción, sino que se traduzca en desarrollo productivo bajo estándares nacionales e internacionales.
Además, el gobierno de Marcelo Orrego ultima los detalles de la Ley de Electromovilidad que introduce una mirada a mediano y largo plazo. La propuesta apunta a posicionar a la provincia en un escenario global donde crece la demanda de energías limpias y tecnologías vinculadas al transporte eléctrico. En ese contexto, San Juan combina dos factores estratégicos: su desarrollo en energía solar y el potencial crecimiento en la producción de cobre, un insumo clave para esa industria.
Nuevas minas de oro y aval del RIGI
El impulso legislativo se da en un momento de reactivación del sector. La reciente puesta en marcha de la mina Hualilán marcó un punto de inflexión, al tratarse del primer proyecto aurífero en entrar en producción en la provincia en los últimos 17 años. El esquema del emprendimiento integra distintas zonas, con extracción en Ullum y procesamiento en la planta de Casposo, en Calingasta, y ya refleja un fuerte impacto local con un 90% de mano de obra sanjuanina.
A la par, la provincia concentra el 60% de la inversión minera nacional bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, con proyectos de gran escala en distintas etapas de desarrollo. Entre ellos se encuentran Los Azules, Veladero, Gualcamayo, El Pachón y Vicuña, este último con una inversión prevista de 900 millones de dólares para obras iniciales.
El crecimiento del sector también está acompañado por cambios en la gestión pública. Entre ellos, la digitalización del Catastro Minero y la reducción de los tiempos administrativos en el IPEEM, que pasaron de demoras de hasta dos años a resoluciones en alrededor de 30 días, lo que agiliza la evaluación y aprobación de proyectos.
En este escenario, Orrego busca consolidar un esquema en el que la minería funcione como motor de desarrollo económico, pero también como herramienta de integración productiva, generación de empleo y formación de capital humano, con impacto directo en las comunidades vinculadas a la actividad.
