Los cambios le dan mayor jerarquía a las provincias para determinar nuevas áreas sin afectar recursos hídricos
El oficialismo buscará este jueves avanzar en el Senado con la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada con fuerte respaldo de las provincias cordilleranas, junto con la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La sesión está convocada para las 11 y forma parte de una estrategia del Gobierno nacional para consolidar acuerdos políticos con los gobernadores de distritos mineros e hidrocarburíferos, que reclaman modificaciones en la normativa vigente para facilitar inversiones productivas sin eliminar la protección ambiental.
Apoyo de las provincias
La reforma responde a un compromiso asumido por la Casa Rosada con mandatarios provinciales de la región cordillerana —especialmente de zonas con desarrollo minero y energético— que plantean la necesidad de una ley “más dinámica” que permita compatibilizar la protección de los recursos hídricos con la actividad económica.
El proyecto oficial propone otorgar mayor participación a las provincias en la determinación de qué áreas periglaciares deben permanecer protegidas y cuáles podrían habilitarse para proyectos productivos, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales.
De este modo, las jurisdicciones podrán intervenir en la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, siempre bajo evaluación ambiental previa y supervisión técnica.
Qué cambia en la Ley de Glaciares
La iniciativa mantiene la prohibición absoluta de actividades económicas sobre los glaciares, pero introduce una diferenciación dentro del ambiente periglacial.
El texto plantea distinguir entre formaciones que cumplen funciones estratégicas de reserva hídrica —que seguirán protegidas— y aquellas que no tengan impacto comprobable en el equilibrio del agua, donde podrían autorizarse inversiones mineras, hidrocarburíferas o industriales.
El Inventario Nacional de Glaciares continuará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo encargado de identificar y clasificar estas áreas.
Negociaciones y debate político
Las negociaciones parlamentarias se intensificaron luego de que el bloque radical presentara un proyecto alternativo que limita el poder provincial y concentra las decisiones técnicas en el IANIGLA, diferencia que aún se intenta saldar para garantizar la aprobación.
Mientras el oficialismo confía en reunir los votos necesarios, el interbloque peronista podría mostrar divisiones internas, especialmente entre legisladores vinculados a provincias con actividad minera.
La reforma genera también un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la Iglesia, que advierten sobre un posible retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
