La ministra Jimena Latorre, de Energía y Ambiente de Mendoza, opinó que el proyecto viene a aclarar zonas grises de la Ley y a potenciar el rol de las provincias
La ministra de Energía y Ambiente provincial, Jimena Latorre, sostuvo que el objetivo de los cambios en la Ley de Glaciares es mejorar la calidad de la información y garantizar una aplicación efectiva de la norma. La funcionaria de Alfredo Cornejo se expresó en la previa del tratamiento de la norma en el Senado.
“El peor de los escenarios es que la ley de presupuestos mínimos de glaciares quede en letra muerta en la práctica”, afirmó la funcionaria, al defender la necesidad de actualizar el esquema operativo vigente.
Federalismo y aplicación efectiva
Latorre argumentó que la reforma debe interpretarse dentro del marco constitucional. Citó el artículo 41, que establece que la Nación dicta los presupuestos mínimos ambientales, y el 124, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias.
“La obligación de las provincias es complementar esos presupuestos mínimos y hacerlos operativos en el territorio”, señaló, y remarcó que la discusión no apunta a reducir la protección ambiental sino a clarificar competencias y fortalecer la implementación.
Desde el Ejecutivo nacional, encabezado por Javier Milei, sostienen que la adecuación busca ordenar criterios técnicos y brindar mayor previsibilidad a las inversiones, en particular en minería y energía.
Déficit de información y trabajo conjunto
Uno de los ejes de la postura mendocina es la necesidad de generar información más precisa sobre el ambiente periglaciar. Según la ministra, existe un déficit de datos, especialmente en zonas donde la delimitación es estimativa.
En ese marco, destacó avances en el sur provincial, particularmente en el distrito minero Malargüe Occidental, donde se trabaja junto a organismos científicos y autoridades nacionales para relevar geoformas y funciones hídricas.
“Esto no puede hacerlo solo la Nación ni solo la provincia. Hace falta articulación institucional y criterios técnicos claros”, indicó.
Cambios en el Inventario y rol provincial
El proyecto en debate modifica el alcance del Inventario Nacional de Glaciares, limitándolo a aquellos glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas comprobadas. Además, habilita a las provincias a informar la incorporación de nuevas áreas o la pérdida de funciones hídricas de zonas ya inventariadas.
Para Mendoza, este punto resulta central. La ministra subrayó que son los gobiernos provinciales quienes firman las declaraciones de impacto ambiental y, por lo tanto, necesitan reglas claras que reduzcan la discrecionalidad y otorguen seguridad jurídica.
Evaluación caso por caso
La iniciativa mantiene la prohibición de actividades que alteren de modo relevante glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada, incluyendo minería e hidrocarburos. Sin embargo, la determinación de qué constituye una “alteración relevante” quedará sujeta a la evaluación de impacto ambiental que realicen las autoridades provinciales.
El enfoque, según defienden desde las provincias cordilleranas, apunta a analizar cada proyecto en función de evidencia técnica concreta, en lugar de aplicar prohibiciones genéricas.
Un debate con impacto nacional
La adecuación de la Ley de Glaciares será tratada este jueves 26 de febrero en el Senado, en una sesión clave del período extraordinario. La discusión se inscribe en un debate más amplio sobre desarrollo productivo, gestión del agua y federalismo ambiental.
Mientras organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían debilitar el principio precautorio y reducir estándares de protección, Mendoza sostiene que la reforma permitirá ordenar competencias y evitar que la ley quede, como advirtió Latorre, “en letra muerta”.
