El proyecto del Gobierno quiere avanzar de un principio precautorio de la protección de glaciares, al caso específico de aquellos que cumplen funciones hídricas
El Senado tratará este jueves la modificación de la Ley 26.639, la norma sancionada en 2010 que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar en todo el territorio nacional. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, reabre una discusión estructural sobre desarrollo productivo, federalismo y seguridad hídrica en un contexto de crisis climática.
La propuesta no deroga la ley vigente, pero introduce modificaciones en artículos centrales que, según especialistas, alteran su espíritu original. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es “ordenar competencias” entre Nación y provincias y brindar previsibilidad a inversiones, especialmente en minería y litio. Organizaciones ambientales y científicos advierten, en cambio, que los cambios implican una flexibilización que podría habilitar actividades en zonas de alta fragilidad ecológica.
El foco: redefinir el ambiente periglaciar
El punto más sensible del proyecto es la redefinición del ambiente periglaciar, es decir, las áreas que rodean a los glaciares y que cumplen un rol clave en la regulación y almacenamiento de agua de montaña.
La ley actual protege tanto el hielo como su entorno bajo un enfoque preventivo y precautorio: todo glaciar o geoforma periglaciar incluida en el Inventario Nacional queda protegida hasta que se demuestre lo contrario. La modificación propone limitar la protección a aquellos cuerpos que acrediten funciones hídricas específicas verificadas, reduciendo así el alcance automático de la cobertura.
Para sectores críticos de la reforma, este cambio invierte la lógica original: en lugar de proteger ante la duda, se protege solo lo que demuestre de manera inmediata su función estratégica.
Cambios en el Inventario y mayor rol provincial
Otro eje de la iniciativa es la modificación del sistema de inventario. El esquema vigente asigna al IANIGLA —organismo científico nacional— la elaboración y actualización del Inventario Nacional de Glaciares con criterios homogéneos en todo el país.
El texto en debate habilita a las provincias a informar altas y bajas en el inventario y a determinar exclusiones cuando consideren que determinadas formaciones no cumplen funciones hídricas. También delega en autoridades provinciales la interpretación de qué constituye una “alteración relevante” en actividades prohibidas.
Desde el oficialismo argumentan que se trata de un fortalecimiento del federalismo ambiental. Especialistas en derecho constitucional recuerdan que el artículo 41 de la Constitución establece que la Nación fija presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las provincias pueden complementarlos, pero no reducirlos.
Respaldo político en provincias mineras
Gobernadores de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan manifestaron su apoyo a avanzar con modificaciones. Se trata de distritos con fuerte desarrollo minero que consideran que la reforma permitiría atraer inversiones y consolidar su autonomía en la administración de recursos naturales.
El respaldo de estos mandatarios podría resultar determinante en la votación, en un escenario legislativo donde el oficialismo necesita acuerdos para reunir mayoría.
Principios ambientales en discusión
Más allá de los aspectos técnicos, el debate impacta sobre principios estructurales del derecho ambiental argentino, como el de prevención, el precautorio y la equidad intergeneracional.
La ley original prohíbe determinadas actividades en glaciares y ambientes periglaciares bajo una lógica preventiva. La modificación traslada decisiones clave a evaluaciones posteriores y criterios administrativos provinciales. Para críticos de la reforma, esto debilita la protección anticipada en un escenario de retroceso acelerado de glaciares y creciente estrés hídrico.
Un debate que excede la minería
El tratamiento en el Senado no se limita a una discusión sectorial. Lo que está en juego es la definición del modelo de desarrollo frente al cambio climático y la escasez de agua.
Mientras el Gobierno plantea la necesidad de eliminar “trabas” regulatorias para dinamizar la economía, organizaciones socioambientales sostienen que reducir estándares de protección en ecosistemas estratégicos implica trasladar riesgos a las comunidades y a las generaciones futuras.
La sesión prevista para este jueves marcará un punto de inflexión: mantener el esquema preventivo vigente o avanzar hacia una reinterpretación que redefine el alcance de la protección glaciar en la Argentina.
