El gobierno de Milei apuesta a llegar a la feria en Canadá, con la media sanción de la Ley de Glaciares en el Senado
A pocos días de una nueva edición de la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el encuentro minero más relevante del mundo que se realiza en Toronto del 1 al 4 de marzo, el sector argentino afina su estrategia política y legislativa. El objetivo es claro: llegar con señales concretas de estabilidad normativa, sin tensiones innecesarias ni contradicciones respecto del desarrollo local prometido.
Reforma laboral: debate público y lectura sectorial
La Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei reavivó el conflicto con el sindicalismo y volvió a tensionar el clima político. En minería, sin embargo, el análisis es más matizado.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), conducida por Héctor Laplace, se alineó con el paro general y calificó la iniciativa como un retroceso en derechos laborales, especialmente en lo referido a jornadas y descansos.
Desde el empresariado, en cambio, sostienen que la reforma no modifica sustancialmente el régimen laboral minero, que ya opera con esquemas específicos de rotación y producción continua. Valoran, no obstante, los cambios que aportan mayor previsibilidad en materia indemnizatoria y que, a su juicio, podrían reducir la litigiosidad tras las desvinculaciones.
Aun así, reconocen que el impacto sobre el empleo será limitado en el corto plazo. En un contexto recesivo, con caída de la actividad industrial y retracción de importaciones por menor demanda, la prioridad pasa por sostener operaciones y proteger márgenes antes que por expandir planteles.
El foco real: la Ley de Glaciares
Más allá de la reforma laboral, la prioridad del sector está puesta en la modificación de la Ley de Glaciares y en su tratamiento parlamentario. El oficialismo buscará que el Senado otorgue al menos media sanción antes de la PDAC, como señal directa hacia inversores internacionales.
La delegación argentina prevé asistir con el secretario de Minería, Luis Lucero, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, con el objetivo de mostrar cohesión institucional y respaldo político.
El texto en discusión parte del dictamen firmado en diciembre, aunque podrían introducirse ajustes. Uno de los puntos sensibles es la definición de la autoridad competente, en busca de evitar conflictos entre Nación y provincias en el marco del federalismo argentino.
Desde el sector técnico sostienen que la protección debe centrarse en glaciares y ambientes periglaciares con función hídrica relevante, priorizando los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, admiten que el clima político puede interferir con una discusión que, idealmente, debería sostenerse en criterios técnicos.
Algunos empresarios reconocen en privado que el Gobierno tensó innecesariamente el debate laboral, lo que activó resistencias sindicales evitables. Esa experiencia funciona como advertencia en la discusión sobre glaciares: un exceso discursivo podría poner en riesgo una agenda que necesita mostrarse ordenada y jurídicamente sólida ante el mercado global.
Inversiones en juego
La expectativa no es teórica. Sobre la mesa hay proyectos multimillonarios cuya viabilidad depende de la definición normativa.
En San Juan se destacan Vicuña, iniciativa conjunta de BHP y Lundin Mining, con una inversión inicial estimada en USD 7.000 millones entre 2027 y 2030 bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y Los Azules, operado por McEwen Copper, con una proyección de USD 2.700 millones.
En Catamarca, el proyecto MARA —que integra a Agua Rica— está liderado por Glencore y contempla una inversión cercana a los USD 4.500 millones.
En un escenario económico contractivo, estos montos adquieren centralidad estratégica.
Desarrollo local y compras nacionales
El RIGI fija una obligación mínima de 20% de compras locales. Ese piso abre un interrogante político: si bien la Nación no intervendría activamente en el origen de las adquisiciones, la responsabilidad recaerá en provincias y empresas.
Si las jurisdicciones no fortalecen proveedores ni generan condiciones competitivas, o si las compañías se limitan al mínimo exigido e importan masivamente bienes y servicios, el discurso de encadenamientos productivos y desarrollo territorial podría debilitarse.
La minería argentina aún enfrenta desafíos de legitimidad social. En ese contexto, prometer desarrollo local mientras se consolida un esquema de abastecimiento predominantemente externo implicaría un riesgo político significativo.
Con la PDAC como vidriera global, el sector apuesta a llegar con una señal legislativa clara, sin contradicciones y con la promesa de un marco normativo estable que combine inversión, previsibilidad y desarrollo territorial.
