El dictamen arrojó que “no se acreditó una ilegalidad manifiesta ni un peligro de daño actual o inminente que justificara la suspensión inmediata de la DIA”
La Justicia provincial rechazó los pedidos de organizaciones ambientalistas que buscaban paralizar el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata. El Tribunal de Gestión Asociada Primero de Mendoza desestimó las medidas cautelares presentadas contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y habilitó la continuidad del emprendimiento mientras se analiza el fondo de la causa.
Las acciones judiciales habían sido impulsadas por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Comunidad Huarpe Guaytamari, la Fundación Cullunche y el ciudadano Alder Damián Corsanigo, quienes argumentaron que el proyecto implicaba riesgos graves para el ecosistema hídrico de la zona y para comunidades indígenas.
Sin embargo, el tribunal concluyó que no se acreditó una ilegalidad manifiesta ni un peligro de daño actual o inminente que justificara una medida extrema como la suspensión inmediata de la DIA. En consecuencia, resolvió mantener vigente la autorización ambiental otorgada a la minera San Jorge hasta que se resuelva el amparo ambiental en el juicio de fondo.
El fallo se suma a una decisión adoptada la semana pasada, cuando la Justicia también rechazó un amparo contra las Declaraciones de Impacto Ambiental de 34 proyectos de exploración minera en Malargüe.
Los fundamentos del rechazo
El juez Pablo Bittar consideró que no se cumplieron los requisitos legales indispensables para conceder la cautelar, en particular la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Señaló que la DIA de PSJ Cobre Mendocino cumplió el procedimiento administrativo previsto por la ley y, además, fue ratificada por la Legislatura provincial mediante la Ley N.º 9684, lo que refuerza su presunción de legalidad.
El magistrado indicó que no se verificó una ilegitimidad patente que amerite suspender de inmediato los efectos del acto administrativo y sostuvo que los riesgos denunciados por los demandantes son conjeturales o hipotéticos. Incluso destacó que los propios actores reconocieron no poder conocer con precisión los impactos futuros del proyecto, lo que impide acreditar un daño actual, inminente e irreversible.
En ese marco, la Justicia subrayó que el temor colectivo o los riesgos teóricos no son suficientes para paralizar una actividad lícita, y que un juez debe actuar con extrema prudencia al evaluar la suspensión de una norma de alto impacto, como la que habilitó el proyecto minero, sin contar aún con todas las pruebas del proceso principal.
Para el tribunal, la cautelar pretendía anticipar el resultado del juicio, algo que solo puede resolverse luego del análisis integral de la causa.
Qué pedían los ambientalistas
Las organizaciones solicitaron, mediante una cautelar anticipatoria, la suspensión urgente y provisoria de la DIA y la prohibición de cualquier captación de agua, mientras se desarrolla el proceso judicial. Sostuvieron que la autorización ambiental es ilegal porque se apoya en estudios técnicos diferidos para etapas posteriores, lo que —según plantearon— impidió una participación ciudadana plenamente informada.
También cuestionaron la calidad y actualidad de los estudios presentados por la empresa San Jorge, denunciaron una sobreestimación del caudal del arroyo El Tigre y advirtieron sobre posibles afectaciones ambientales.
La Comunidad Huarpe Guaytamari, por su parte, reclamó la falta de Consulta Previa, Libre e Informada y denunció que el proyecto amenaza el Qhapaq Ñan, sistema vial andino declarado Patrimonio de la Humanidad. Además, pidió la inconstitucionalidad de la ley que ratificó la DIA, al considerar que vulnera el derecho a un ambiente sano y debilita los estándares de protección establecidos por la Ley 7722.
Por ahora, la Justicia optó por no frenar el proyecto y dejó abierta la discusión para el análisis de fondo, mientras PSJ Cobre Mendocino continúa habilitado.
