La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por amplia mayoría —39 votos a favor y 6 en contra— el proyecto que crea un nuevo marco legal para la percepción de regalías mineras en la provincia. La iniciativa ahora pasa al Senado para su revisión final.
El texto fija reglas claras para calcular, cobrar y controlar las regalías que deben abonar las empresas que explotan recursos minerales. El proyecto establece que el monto se determinará sobre el valor “boca mina” y fija un piso del 3%. Para los emprendimientos que comiencen su actividad a partir de la entrada en vigencia de la ley, el porcentaje podrá elevarse hasta un 5% según ciertas condiciones.
Además, incorpora un esquema de fiscalización más estricto, con declaraciones juradas, trazabilidad y controles presenciales para evitar subdeclaraciones o irregularidades. Las sanciones por incumplimientos, según la propuesta, serán más duras que las vigentes.
En cuanto al destino de los fondos, el 88% se dirigirá a Rentas Generales de Mendoza, con un mínimo del 15 % reservado para un fondo de desarrollo socioambiental. El 12% restante irá a los municipios donde se encuentren los yacimientos, siempre que adhieran al régimen. Este dinero deberá invertirse exclusivamente en obra pública, infraestructura, desarrollo territorial y acciones ambientales.
El objetivo oficial es darle mayor previsibilidad al sector, ordenar un sistema que hasta ahora carecía de una normativa provincial integral y garantizar que la minería —cuando sea autorizada y controlada— deje beneficios concretos para Mendoza y para las comunidades donde opere.
Desde sectores críticos, en cambio, se mantienen las dudas: algunos cuestionan el nivel de regalías y otros advierten que, aun con controles, la minería sigue siendo un tema sensible en una provincia con un fuerte historial de defensa ambiental —sí, acá cualquier cosa que toque el agua es tema deluxe de debate.
