La tensión se originó por la contratación de una empresa de San Juan para la seguridad de las minas. Otra vez el tema del compre local enciende la polémica
La Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) expresó su preocupación por los bloqueos registrados en distintos yacimientos de la provincia y llamó a conformar una mesa de diálogo que permita garantizar la continuidad operativa y la seguridad en los sitios productivos.
En un contexto de tensiones sindicales y conflictos sectoriales en Santa Cruz, la entidad difundió un mensaje institucional en el que remarcó que la minería “solo puede sostener su rol económico si se preservan la seguridad, la operación continua y la cooperación entre empresas, sindicatos, trabajadores y comunidades”.
Según informó Camicruz, en las últimas semanas grupos de manifestantes impidieron el ingreso de personal e insumos en diversos accesos a yacimientos. Aunque los episodios fueron despejados tras la intervención de la policía provincial, la simultaneidad encendió alarmas dentro del sector. La cámara señaló que estos hechos “pusieron en riesgo la continuidad operativa y la seguridad de los trabajadores”, y destacó la colaboración de las compañías con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
La entidad también agradeció las muestras de apoyo de trabajadores, contratistas y proveedores, y reiteró su compromiso con la paz social y el desarrollo provincial.
Camicruz recordó además el peso estratégico que tiene la actividad minera en Santa Cruz: genera empleo directo para más de 9.000 familias, aporta el 15% del empleo privado registrado, representa el 37% del producto bruto provincial y concentra el 40% de las exportaciones mineras de Argentina. Solo entre enero y septiembre de 2025, las ventas externas alcanzaron los 1.569 millones de dólares. Entre las iniciativas recientes, destacó el programa de formación básica realizado junto al Gobierno provincial, que capacitó a más de 200 personas con una inversión superior a $600 millones.
El trasfondo del conflicto: proveedores de seguridad y disputa sindical
Uno de los bloqueos ocurrió en medio de un conflicto que se profundizó desde comienzos de noviembre y que involucra a Huarpe Seguridad —una firma sanjuanina— y a la empresa santacruceña MV, histórica prestadora de vigilancia en yacimientos locales.
La confrontación se desató luego de que Huarpe ganara la licitación de seguridad para Minera Santa Cruz (MSC), operadora del yacimiento San José/Huevos Verdes. El sindicato USPAP rechazó la adjudicación y bloqueó el acceso a la mina en reclamo de la continuidad laboral para el personal de MV.
El trasfondo es más profundo: MV -dirigida por Julio Gutiérrez, también referente sindical- mantuvo durante años un virtual monopolio de estos servicios. Según fuentes del sector, MV no aceptó entregar el servicio ni indemnizar a su personal, dificultando la transición hacia la nueva empresa adjudicataria.
En este contexto, Huarpe emitió un comunicado aclarando que: pretende contratar al personal de MV que desee mantener su trabajo; garantiza mantener las condiciones salariales vigentes; exige que MV cumpla con la indemnización legal para permitir la incorporación sin “continuidad jurídica”.
El conflicto expuso tensiones de fondo entre la obligación de promover proveedores locales, las prácticas de subcontratación históricas y la disputa por espacios de poder sindical.
A este escenario se sumó en octubre otro frente de conflicto en Cerro Negro, operado por Oroplata S.A. (Newmont). ASIJEMIN denunció una situación de “grave vulneración de derechos laborales” por la decisión de la compañía de despedir 25 trabajadores, lo que el sindicato calificó como una reestructuración unilateral sin diálogo previo.
El gremio sostuvo que la empresa:
-Desvinculó trabajadores “bajo presión”,
-Modificó unilateralmente el régimen de roster,
-Aplicó procedimientos humillantes, como bajar a los empleados escoltados por seguridad,
-Forzó acuerdos individuales amparándose en los artículos 241 y 245 de la LCT.
El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dictó conciliación obligatoria, ordenando retrotraer la situación a su estado previo.
La polémica se profundizó cuando ASIJEMIN mencionó solo a cinco de los despedidos, todos con domicilio en Santa Cruz, omitiendo los nombres de otros 20 trabajadores que, según fuentes citadas por OPI Santa Cruz, serían todos foráneos. La controversia reavivó el debate histórico sobre el cumplimiento real de los esquemas de contratación local (70/30 o 90/10) en los yacimientos de la provincia.
Mientras los conflictos siguen latentes, Camicruz buscó enviar un mensaje institucional: la minería sólo puede sostener su rol económico si se preservan la seguridad, la operación continua y la cooperación entre empresas, sindicatos, trabajadores y comunidades.
La cámara cerró su comunicado con una invitación explícita: “Convocamos al diálogo abierto con autoridades, comunidades y empresas para construir juntos un modelo que garantice empleo genuino y desarrollo sostenible. La minería responsable es parte de la solución, no del problema.”
