Con el Decreto 449/2025, el Gobierno acelera trámites, fortalece controles técnicos e integra al SEGEMAR en la gestión de datos geológicos, buscando atraer capital y eficiencia al sector minero
El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de modificaciones clave al Régimen de Inversiones Mineras, con el objetivo de agilizar trámites, reducir superposiciones burocráticas y dotar al sector de mayor previsibilidad. A través del Decreto 449/2025, publicado en el Boletín Oficial, se introdujeron cambios en aspectos técnicos y administrativos que impactan directamente en la planificación y ejecución de inversiones del sector.
Entre las principales medidas, se destaca la transferencia del Banco Nacional de Información Geológica al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que dejará de estar bajo la órbita de la Secretaría de Minería. De esta forma, el Estado busca centralizar la producción, recopilación y difusión de datos geológicos bajo un organismo con perfil técnico-científico, dependiente del Ministerio de Economía.
Otro punto relevante es la simplificación del procedimiento para emitir los certificados de estabilidad fiscal, contemplados en la Ley 24.196. A partir de ahora, las empresas no deberán adjuntar el detalle de su carga tributaria total; bastará con presentar el estudio de factibilidad con la fecha en que fue ingresado ante la autoridad de aplicación. Esta medida apunta a eliminar requisitos que entorpecían el acceso al régimen de estabilidad fiscal, sin aportar valor sustantivo a su análisis.
Asimismo, el nuevo esquema establece que los titulares de proyectos incluidos en el régimen deberán presentar un informe técnico anual elaborado por un profesional independiente, que acredite el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos. Esto permitirá reemplazar la actual exigencia de múltiples reportes, muchos de ellos con información redundante o difícil de auditar, por una evaluación clara y con mayor rigurosidad técnica.
Además, se elimina la obligación de que la Secretaría de Minería recabe información directamente de organismos provinciales o terceros. Con el nuevo régimen, los controles se concentrarán en los informes técnicos presentados por los propios inversores, agilizando el proceso de fiscalización sin dejar de garantizar el cumplimiento normativo.
El paquete de medidas se inscribe en los lineamientos generales de la Ley de Bases (Ley 27.742), que otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de revisar y simplificar estructuras administrativas para promover el desarrollo económico. En este caso, se apunta específicamente a mejorar la competitividad del sector minero argentino, en un contexto de alta demanda internacional por recursos minerales y con provincias como San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy posicionadas como ejes del crecimiento del litio y el cobre.
Con estas reformas, el Gobierno busca fortalecer la institucionalidad del régimen de inversiones, eliminar trabas innecesarias y generar condiciones más claras y previsibles para atraer capitales de largo plazo. La apuesta es por una minería moderna, transparente y con reglas de juego estables, que pueda contribuir al desarrollo económico sin fricciones innecesarias con el Estado.
