La Cámara Federal de Mendoza rechazó intervenir en una causa judicial impulsada por organizaciones antimineras que buscaban frenar proyectos de exploración en el Distrito Minero Occidental de Malargüe
La Cámara Federal de Mendoza rechazó intervenir en una causa judicial impulsada por organizaciones antimineras que buscaban frenar proyectos de exploración minera en el Distrito Minero Occidental de Malargüe. Con esta decisión, el caso quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de una demanda que involucra directamente a la provincia de Mendoza.
La acción había sido promovida por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y OIKOS Red Ambiental, que solicitaron una medida cautelar para suspender las tareas mineras hasta tanto se completaran nuevos estudios de impacto ambiental e hídrico. No obstante, la Provincia ya había otorgado declaraciones de impacto ambiental para 34 proyectos en la zona, argumentando que se cumplió con toda la normativa vigente.
El fallo de la Cámara, compuesto por los jueces Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios, ratificó lo resuelto previamente por el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, que en diciembre del año pasado se había declarado incompetente para tratar el caso.
Los magistrados remarcaron que, al estar en juego una controversia entre particulares y una provincia, corresponde que la causa sea resuelta directamente por la Corte Suprema, según lo establece la Constitución Nacional en este tipo de situaciones.
La resolución representa un obstáculo para quienes impulsaban el amparo antiminero, ya que no se logró frenar las actividades en curso. Al mismo tiempo, refuerza la posición del Gobierno de Mendoza, que sostiene que los proyectos mineros en el sur provincial cumplen con los requisitos técnicos, legales y ambientales necesarios.
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