El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dio un paso clave en la estrategia de vincular el desarrollo minero con la economía provincial al enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa destinada a fortalecer la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en los grandes emprendimientos que avanzan en la provincia.
La propuesta llega en un contexto de fuerte expansión de la actividad minera, con inversiones multimillonarias proyectadas para los próximos años, y busca establecer herramientas que permitan que parte de ese crecimiento se traduzca en empleo, contratación de servicios y desarrollo empresarial local.
En qué consiste la Ley de Desarrollo Minero
Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la obligación para las empresas mineras y sus contratistas de presentar planes de desarrollo con objetivos concretos en materia de empleo y compras locales, que deberán ser actualizados periódicamente y sometidos a mecanismos de control y seguimiento.
La iniciativa fija como meta que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan, con prioridad para los departamentos ubicados en el área de influencia de los proyectos. También propone que el 60% de las compras de bienes, servicios y obras se realicen a empresas radicadas en la provincia, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.
Otro de los ejes del proyecto es la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base de datos pública y digital que permitirá identificar a las empresas locales habilitadas para ser consideradas dentro de las metas de desarrollo provincial.
Además, las compañías deberán publicar sus previsiones de demanda de bienes y servicios para que los proveedores sanjuaninos puedan anticiparse y prepararse para participar en futuras contrataciones.
La norma también contempla incentivos para las operadoras que alcancen simultáneamente los objetivos de empleo y compras locales. En esos casos podrán acceder a certificados de crédito fiscal transferibles, que podrán ser utilizados por pymes proveedoras para cancelar impuestos provinciales.
El Ministerio de Minería será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el seguimiento de los planes presentados por las empresas, junto con organismos técnicos y espacios de participación público-privada.
