El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, salió a respaldar el desarrollo del proyecto minero Vicuña y marcó una clara diferencia con la decisión de la Justicia de La Rioja, que ordenó restringir el uso de un camino clave para la logística del emprendimiento.
“Es un informe de impacto ambiental que le pide la Justicia de La Rioja a la empresa en relación al camino; San Juan no tiene nada que ver en ese sentido”, afirmó el mandatario, deslindando responsabilidades sobre el conflicto que afecta a uno de los proyectos de cobre más importantes en desarrollo en el país.
Un conflicto que expone tensiones entre provincias
El proyecto Vicuña —impulsado por BHP y Lundin Mining— se ubica en una zona limítrofe entre ambas provincias, pero depende en parte de infraestructura que atraviesa territorio riojano.
La medida judicial responde a la falta de presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en La Rioja para el tramo del camino utilizado por la empresa, lo que abrió un conflicto que combina dimensiones ambientales, jurídicas y políticas.
En los hechos, el caso pone en evidencia un problema estructural de la minería argentina: la coordinación entre jurisdicciones cuando los proyectos exceden los límites provinciales, especialmente en materia de controles y logística.
San Juan reafirma su modelo minero
En su intervención, Orrego no sólo tomó distancia del conflicto, sino que reforzó la posición de su provincia como uno de los principales polos mineros del país.
“No existe un futuro mejor sin minería; ambiente y desarrollo van de la mano”, sostuvo, y rechazó la idea de que exista una contradicción entre producción y cuidado ambiental. En esa línea, vinculó directamente la actividad con la transición energética global y la creciente demanda de minerales como el cobre.
El mensaje se alinea con la estrategia que impulsa el Gobierno nacional para posicionar a Argentina como proveedor de minerales críticos en el escenario internacional.
La Rioja, entre la presión social y la definición política
Del lado riojano, el conflicto se inscribe en un contexto de fuerte sensibilidad social frente a la minería, con antecedentes de resistencia en zonas como Famatina y reclamos actuales en localidades cercanas al área de influencia del proyecto.
A esto se suma una posición política menos definida respecto al desarrollo minero y una relación más tensa con la Casa Rosada, lo que también condiciona el avance de iniciativas de gran escala.
Más que un proyecto: una disputa de modelos
El caso Vicuña dejó de ser un conflicto técnico para transformarse en un episodio que refleja dos enfoques distintos de desarrollo:
- San Juan, con una estrategia activa de promoción minera y alineamiento con Nación
- La Rioja, atravesada por tensiones sociales, cautela política y mayor intervención judicial
En ese escenario, la definición sobre el camino minero no sólo impacta en la operatoria del proyecto, sino que anticipa los desafíos que enfrentará la minería argentina a medida que avance sobre territorios compartidos.
Un mensaje con múltiples destinatarios
El posicionamiento de Orrego funciona en varios niveles: despega a su provincia del conflicto legal, refuerza su perfil pro-minero y envía señales tanto al Gobierno nacional como a los inversores sobre previsibilidad y respaldo político.
Mientras tanto, la resolución del conflicto en La Rioja será clave no sólo para el futuro de Vicuña, sino también para definir cómo se articulan, en adelante, ambiente, desarrollo y jurisdicción en los grandes proyectos mineros del país.
