En el marco de la Audiencia Pública del proyecto Potasio Cancambria realizada en Malargüe, el director de Protección Ambiental de Mendoza, Leonardo Fernández, expuso el esquema de control que aplica la provincia para supervisar la actividad minera y subrayó que el Gobierno busca fortalecer la transparencia y la trazabilidad ambiental del sector
La audiencia, que analiza el Informe de Impacto Ambiental para la prospección de sales de potasio en el sur de Malargüe, contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el intendente Celso Jaque. En ese contexto, Fernández detalló los mecanismos de fiscalización y los refuerzos implementados desde la actualización de las políticas mineras.
Uno de los ejes de su presentación fue la labor de la Policía Ambiental Minera (PAM), creada en 2024. Este cuerpo especializado realiza controles sobre actividades de primera, segunda y tercera categoría en toda la provincia y está integrado por profesionales de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Dirección de Minería. Entre ellos hay geólogos, licenciados en ambiente, ingenieros ambientales y especialistas en higiene y seguridad.
Fernández remarcó que el monitoreo no depende exclusivamente de la PAM, sino que se articula con organismos como Irrigación y la Municipalidad de Malargüe. También destacó la importancia de los monitoreos participativos, una herramienta que permite que vecinos e instituciones locales acompañen los procesos de control. “Invitamos a toda la ciudadanía a ser parte de estos controles”, afirmó.
En relación con Potasio Cancambria, el director sostuvo que se trata de un proyecto de bajo impacto ambiental orientado a la prospección de sales de potasio y subrayó que la participación ciudadana es clave para comprender las medidas que se aplican para proteger el ambiente.
El funcionario también señaló que en 2025 las direcciones involucradas obtuvieron la certificación ISO 9001, que estandariza los procedimientos de inspección y auditoría. La certificación garantiza calidad y eficiencia desde la recepción de una denuncia hasta la emisión de dictámenes y eventuales sanciones. “Siempre levantamos la vara en las auditorías ambientales”, afirmó.
Entre las acciones concretas mencionó los 69 ceses de actividad aplicados a canteras que no cumplían con la normativa vigente o que realizaban una operatividad deficiente. Agregó que la provincia actúa alineada con los principios del Acuerdo de Escazú, que exige trazabilidad, información pública y mecanismos de participación en industrias extractivas, tanto mineras como hidrocarburíferas.
Para cerrar, Fernández recordó que la ciudadanía cuenta con canales formales de denuncia: sistema de tickets, líneas de WhatsApp y el portal del Ministerio de Energía y Ambiente, donde pueden adjuntarse fotos u otros elementos probatorios. El Gobierno tiene un plazo máximo de 15 días para responder. “Cuidar el ambiente es una tarea de todos”, concluyó.
La vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado destacó el trabajo realizado durante todo el año. La funcionaria participó presencialmente de todas las audiencias públicas del Sur mendocino.
