El país trasandino propone un programa para modificar la Ley General de Servicios Eléctricos
El Ministerio de Energía de Chile presentó la versión definitiva del Plan de Descarbonización, un documento clave que define la estrategia para retirar las centrales termoeléctricas a carbón, modernizar el mercado eléctrico y consolidar un sistema energético más limpio, flexible y competitivo.
El plan contiene 28 medidas estructuradas en cuatro ejes, y constituye el núcleo técnico de la Agenda para un Segundo Tiempo de la Transición Energética, impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Avances y metas del proceso de descarbonización
Desde 2019, Chile ha retirado 11 centrales a carbón, reduciendo 1.679 MW de capacidad instalada. Para 2026, se proyecta que otras 9 unidades estén listas para su retiro o reconversión, lo que sumará 2,2 GW adicionales.
Sin embargo, las autoridades advirtieron que el desafío no solo es ambiental: también deben reemplazarse atributos técnicos esenciales, como la inercia, la potencia firme y el control de frecuencia, funciones que tradicionalmente aportaban las centrales a carbón.
Reforma estructural del mercado eléctrico
El Plan propone una transformación profunda del diseño del mercado eléctrico chileno, avanzando hacia un mercado mayorista basado en ofertas competitivas, que reemplace el actual sistema de costos auditados.
Se plantea implementar un esquema “day-ahead” financieramente vinculante, que brinde mayor transparencia en los precios, reduzca riesgos y fomente nuevas inversiones. Esta transición incluirá una etapa intermedia para garantizar la seguridad del sistema y la incorporación gradual de agentes financieros y ofertas virtuales, como ocurre en los mercados eléctricos más avanzados.
Contratos y financiamiento para nuevas tecnologías
Otro eje central es la revisión de los contratos de largo plazo, fundamentales para el financiamiento de proyectos de almacenamiento y flexibilidad. Se impulsarán mecanismos como los contratos por diferencias, Cap and Floor y la coordinación con los Servicios Complementarios (SSCC), con el fin de habilitar el revenue stacking, una práctica internacional que permite combinar diversas fuentes de ingresos.
El plan también prevé una reforma integral del mercado de Servicios Complementarios, con nuevas categorías, mayor participación de la demanda y eliminación de barreras de entrada. Estas medidas comenzarán en 2026 y continuarán con reformas legislativas en 2027.
Transmisión eléctrica: eje estratégico para la transición
El rol de la transmisión eléctrica será clave en el nuevo modelo. Se propone modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para incorporar el concepto de “necesidades estratégicas de capacidad de transmisión”, alineado con los Escenarios Energéticos de Largo Plazo.
Además, se reforzará el uso del Informe de Criterios y Variables Ambientales y Territoriales (ICVAT) y se iniciarán estudios para valorar económicamente variables sociales y ambientales. También se buscará facilitar la inversión privada a riesgo en infraestructura de transmisión y se elaborará un Estudio de Remuneración del sector en 2026.
Régimen transitorio y revisión periódica del plan
El gobierno enviará un proyecto de ley para crear un régimen transitorio acelerado de descarbonización, que permitirá agilizar permisos ambientales y sectoriales para proyectos estratégicos.
Asimismo, el Plan será revisado cada cinco años, con el objetivo de ajustar medidas según los avances y garantizar que el retiro total del carbón se concrete solo cuando existan nuevas tecnologías de respaldo plenamente operativas.
Nuevos incentivos económicos y fiscales
En el plano financiero, el Plan contempla nuevos incentivos económicos para impulsar las energías limpias y el almacenamiento. Entre ellos destaca la reforma del impuesto verde, que se incrementará gradualmente y se integrará al costo marginal del sistema, internalizando el costo ambiental.
También se promoverá la reconversión de centrales existentes hacia tecnologías de bajas emisiones, y se fortalecerá el rol de RENOVA como plataforma oficial de trazabilidad de atributos renovables, lo que permitirá certificar y valorizar la energía verde.
Por último, se fomentarán proyectos comunitarios de generación distribuida y beneficios competitivos para proyectos estratégicos en licitaciones de energía, transmisión y uso de terrenos, consolidando una transición energética justa e inclusiva.
